Habrá multas millonarias en Ituzaingó para quienes no preserven el arbolado público
La norma dispone exigencias para que los proyectos inmobiliarios se adapten a los ejemplares y no talen.
Luego de años de esfuerzo para recuperar paulatinamente los añosos ejemplares que se llevó el tornado de 2012, en Ituzaingó entró en vigencia una ordenanza destinada a fomentar la preservación e incremento del arbolado del distrito, que dispone multas, en algunos casos millonarias, para quienes no cumplan con la norma.
El espíritu de la norma, explican en la Comuna, no es solo cuidar los arboles antiguos y los nuevos que se han ido sumando desde aquella inusual tormenta, sino también que los vecinos se sigan involucrando en la producción de más arboles en los espacios públicos del Partido, dándole preponderancia a las especies nativas y no tanto a las exóticas, que fueron las que de un tiempo a esta parte se multiplicaron principalmente en el ámbito privado.
Para que esto se cumpla, además de campañas de concientización, se establecieron una serie de faltas que estan penadas, categorizadas como leves, graves gravísimas. La primera de ellas, como puede ser cortar las raíces de un árbol, tiene una multa que va desde los $799 hasta los $399.500.
En cuanto a las infracciones graves, como puede ser la poda de un árbol realizada erróneamente o de manera excesiva, las mismas van desde los $399.500 hasta $ 3.995.000, y para las infracciones gravísimas, que son las que implican directamente la eliminación de un árbol a través de la tala, tienen un mínimo de $ 3.995.000 y un máximo de $7.990.000. Son los valores actuales, de acuerdo principalmente a los precios de los combustibles, que definen las unidades con las que los municipios valúan las sanciones.
“La ordenanza apunta a un trabajo colaborativo entre los vecinos y el municipio, ya que el vecino mismo es el que habitualmente nos llama para que intervengamos ante una falta contra el arbolado”, indicó Débora Guerra, Directora de Políticas Ambientales del municipio y abogada especialista en Derecho Ambiental.
Agentes de la municipalidad estarán encargados de que las infracciones sean aplicadas correctamente, pero desde el Municipio insisten en que quienes ejercen el mayor control son los propios vecinos, que entienden la importancia de conservar el arbolado en un distrito en el que el 40% del territorio fue declarado como zona ecológicamente protegida.
Esta zona implica que los vecinos no pueden intervenir en el arbolado bajo ninguna circunstancia, y esto alcanza además a acciones sobre los arboles que se encuentren dentro de su propiedad. En ambos casos necesitan pedir autorización al municipio.
Existen casos exceptuados, en los que dí se puede sacar un ejemplar, siempre con un control por parte de autoridades municipales y de los podadores que están certificados. Las situaciones que justifican una extracción se dan cuando el árbol cumplió su ciclo biológico o cuando el daño que está causando implica una situación de riesgo .
A pesar de que existen penas millonarias, el municipio busca llevar a cabo un trabajo previo para no llegar hasta este punto. En consecuencia, con la sanción de la ordenanza se intensificaron las campañas para concientizar y las iniciativas lanzadas desde el vivero municipal, encargado de la producción de árboles que se entregan gratuitamente a los vecinos.
La ordenanza también considera crucial la sustentabilidad, y en esta línea es que se entregará un plano de los arboles que hay en el municipio a quienes tengan la intención de construir en el distrito, ya sean particulares o grandes empresas con proyectos inmobiliarios importantes, algo que se produce más habitualmente desde que comenzó a tenderse la red de cloacas, en especial en la zona céntrica que admite edificios.
El fin de este apartado de la nueva norma es que los constructores sean conscientes antes de encarar un emprendimiento de los ejemplares existentes en el espacio que van a explotar, y que el proyecto arquitectónico que lleven adelante para hacer viviendas, locales comerciales y otros inmuebles se adecuen a los árboles existentes, y no al revés.
“Tenemos un compromiso en no permitir que se saquen árboles porque no van con el estilo de las construcciones que se proyectan. La idea es que construyan sabiendo que tienen un árbol importante y deben preservarlo”, explicó Guerra.
La funcionaria destaca, además, que la nueva disposición significa también una nueva fuente de trabajo, ya que ingenieros agrónomos se encargarán del relevamiento del arbolado del distrito y van a evaluar el estado fitosanitario de cada ejemplar, con un criterio que apuntará a la conservación de los arboles mas viejos por encima de los más nuevos. Es decir que la flexibilidad para la habilitación de un proyecto será mucho mayor cuando se trate de ejemplares antiguos. ■