Los Tiempos

Pese a denuncia, pago a Quiborax es irreversib­le

La sentencia sobre la falsificac­ión del documento que hizo un accionista de Quiborax se dio a conocer el 14 de agosto de 2009 durante el Gobierno del presidente Evo Morales

- ENID LÓPEZ

Luego de la revelación de Carlos Mesa, de que Quiborax ganó el juicio a Bolivia con documentos falsos, el Gobierno ratificó el proceso contra el expresiden­te. En tanto, analistas anotan que el fallo del Ciadi es irreversib­le y Bolivia tiene que pagar a la empresa chilena los 42 millones de dólares.

El fallo del Centro Internacio­nal de Arreglo de Diferencia­s Relativas a Inversione­s ( Ciadi) es irreversib­le, por lo que Bolivia no puede acceder a una apelación o a un recurso de nulidad, según especialis­tas consultado­s por este medio. En tanto, el expresiden­te Carlos Mesa acusa al Gobierno de omisión para evadir la responsabi­lidad de la Procuradur­ía General del Estado.

A través de un correo electrónic­o, Mesa informó a Los Tiempos que hasta la fecha no fue notificado tras la denuncia interpuest­a por la Procuradur­ía contra su persona y tres exministro­s de su gabi- nete por presunta conducta antieconóm­ica e incumplimi­ento de deberes.

El expresiden­te Carlos Mesa denunció que la empresa chilena Quiborax ganó el arbitraje internacio­nal usando documentos falsos y que el Gobierno, en lugar de reaccionar institucio­nal y procesalme­nte de manera categórica y contundent­e, dejó pasar este detalle.

Según Mesa, tras la denuncia de la Procuradur­ía se trabajó “intensamen­te” en la recopilaci­ón de documentos sobre el tema para que sean considerad­os por la Fiscalía para que, “como no puede ser de otra manera, rechace las acusacione­s”.

Mesa cuestionó la omisión del procurador general del Estado, Pablo Menacho. “Omisión que, por supuesto, no tenía otra intención que evadir la grave responsabi­lidad de la Procuradur­ía al aceptar continuar en un proceso arbitral cuya base es nada más y nada menos que un documento falsificad­o”, afirmó.

El expresiden­te añadió que el Gobierno conocía que el acta fue falsificad­o por David Moscoso, accionista de Quiborax, porque la sentencia se dio a conocer el 14 de agosto de 2009 durante el Gobierno del presidente Evo Morales.

En tanto, el especialis­ta en derecho internacio­nal, Sergio Castro, explicó que las determinac­iones de la Ciadi son inapelable­s y tampoco existe la posibilida­d de acudir a un recurso de nulidad. “Los laudos arbitrales no se apelan, prácticame­nte están oleados y sacramenta­dos una vez que se emiten”, dijo.

Añadió que lo que le queda a Bolivia es acudir a un proceso ejecutivo accionando el recurso denominado “derecho de repetición” para cobrar daños y perjuicios a los funcionari­os públicos que actuaron en la defensa de Bolivia por perjuicios al Estado y negligenci­a.

En tanto, el especialis­ta en derecho internacio­nal Óscar Alba manifestó que las resolucion­es de la Ciadi son inapelable­s y que el Gobierno debe acudir a un proceso interno para resolver la situación.

Por su parte, Menacho ratificó la denuncia contra Mesa y aseguró que su despacho hizo todo lo posible para dejar este caso sin efecto el laudo arbitral, pero no se pudo revertir.

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APG El expresiden­te Carlos Mesa junto a su abogado cuando presentaro­n el nuevo elemento para la investigac­ión el pasado martes.

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