Magistrados se rebelan y piden no penalizar fallos tras aprehensión de jueza
Colectivos de jueces exigen respeto a sus decisiones y consideran una “arbitrariedad” de la Fiscalía la persecución contra Sara Céspedes.
La Asociación de Magistrados de Cochabamba protestó ayer en el Tribunal Departamental de Justicia por la aprehensión de la jueza Sara Céspedes que atiende el caso Mochilas, porque atenta contra la independencia, violenta la institucionalidad del Órgano Judicial y penaliza los criterios judiciales.
“Estamos alarmados por la penalización de la abogacía.
El juez y el abogado van a estar siempre manteniendo una posición equidistante de temas políticos o no políticos”, declaró el abogado de la Asociación, José Luis Zelada.
El presidente de Sala Plena del Tribunal Departamental, Óscar Freyre, pidió respeto a la independencia judicial y expresó su solidaridad con la jueza.
Anunció que solicitarán informes para ver qué acciones tomarán debido a que Céspedes fue aprehendida en el sótano del edificio de la Corte de Justicia por una denuncia de prevaricato por el caso Mochilas, en el que es investigado el alcalde José María Leyes.
Afirmó: “Lo que sí, nosotros hace mucho tiempo lo dijimos y lo ratificamos es que la independencia del juez no es una garantía del juez propiamente dicha, es una garantía de las partes que acuden a un proceso, es una garantía de los ciudadanos”.
Añadió que todos los casos “de políticos o no políticos” tienen la misma importancia para los jueces.
Ante la emergencia que generó la detención de Céspedes, declaró: “Lo que siempre debe preocupar al juez es la independencia, el juez tiene que tener la seguridad de dictar sus resoluciones con absoluta libertad, criterio propio y su sana lógica; cuando un juez no actúa bajo esos términos, es un juez atemorizado y no desempeña bien sus funciones”.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Cochabamba, Martha Saavedra, manifestó que los jueces se declararon en emergencia y están preocupados por la injerencia. Recordó que el Ministerio Público puede impugnar los fallos o recusar a la jueza anticorrupción.
“Toda resolución judicial no puede ser objeto in- mediato de una denuncia penal o disciplinaria, para eso hay que agotar el debido proceso. Nuestras resoluciones pueden ser impugnadas, pero no ameritan la denuncia inmediata”, explicó Saavedra.
Siguió: “Lo que preocupa es que estas acciones no dejan trabajar a los jueces y en el área penal hay una responsabilidad muy grande”.
“Sí hay preocupación porque no pueden cuestionar una resolución con una denuncia penal. Primero que haya una resolución y ahí asumiremos nuestras responsabilidad si hemos f al l ado en nuestra f unción”, exhortó.