Carlos Mesa y el caso Quiborax
La entrega hecha por el expresidente Carlos Mesa de un segundo memorial ante la Fiscalía General del Estado, mediante el que pide que se rechace el juicio planteado en su contra por la Procuraduría del Estado, porque la empresa Quiborax habría utilizado un documento falso para entablar un juicio millonario contra Bolivia, a pesar de que su demanda prosperó por una defensa negligente de la causa boliviana, ha dado un nuevo giro a este controversial caso.
El caso se suma a los muchos antecedentes que dan cuenta de la facilidad con que las autoridades del Órgano Ejecutivo recurren al Órgano Judicial para ponerlo al servicio de sus urgencias políticas. Pero este caso adquiere especial dimensión porque ya no es sólo la majestad de la justicia la que resulta dañada por esa manera de actuar, sino que los perjuicios se plasman en millonarias pérdidas económicas para el erario nacional.
En efecto, los nuevos elementos que salen a la luz pública ratifican la sospecha de que el juicio incoado contra Carlos Mesa por la Procuraduría del Estado no tiene ningún otro fundamento que no sea la intención de desacreditar al acusado y así inviabilizar su futuro en el escenario político nacional. Es decir, los representantes del Gobierno nacional, así como los operadores del sistema judicial que se someten a su servicio, están poniendo sus rencores, resentimientos y circunstanciales conveniencias políticas y pecuniarias por encima de los intereses de nuestro país.
En el caso Quiborax, eso se plasma en los 42,6 millones de dólares que ya fueron pagados a la empresa chilena como directa consecuencia del fracaso de quienes tenían que haber defendido la causa boliviana ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi).
No debe perderse de vista, por otra parte, que el caso Quiborax es sólo uno más en medio de un amplio conjunto de 14 derrotas anteriores sufridas en otros tantos pleitos iniciados desde 2006 por las empresas cuyos intereses fueron afectados por las “nacionalizaciones” aplicadas desde aquel año. Pleitos perdidos por los que el Estado tuvo que desembolsar al menos 908 millones de dólares, a los que habrá que sumar, con toda probabilidad, otros 731 millones por indemnizaciones demandadas en procesos cuyo fallo está pendiente.
Con esos y muchos otros antecedentes similares, sobran los motivos para temer que el ensañamiento judicial que se pretende desatar contra Carlos Mesa ya nada tiene que ver con la justicia y mucho menos con la defensa del patrimonio nacional, sino con la degradación de las luchas políticas a su más bajo nivel.