Burocracia

La presencia en el aparato público de sectores y grupos sociales antes excluidos se ha incrementado notoriamente, esto, sumado al ostensible crecimiento de la burocracia nacional en aproximadamente un 676% entre 2001 y 2013 (Soruco, 2015), se constituye en uno de los más importantes logros inclusivos de las últimas décadas en nuestro país, una buena noticia, sin duda. Pero… ¿cómo equilibrar inclusión con eficiencia?

Esto precisa del análisis de algunos supuestos hipotéticos: a) Unos señalan que las burocracias públicas presentan una notable y casi natural tendencia hacia la ineficiencia, hipótesis ampliamente debatida y aún no resuelta en el ámbito de la ciencia política, ya que existen en el ámbito comparado burocracias públicas tan eficientes como otras que no lo son tanto; sin ir más allá, conviven en nuestra estructura administrativa núcleos burocráticos considerados eficaces (economía, con otros que parecen no serlo tanto ( justicia) b) Otros temen que la gestión se vea afectada por la repentina presencia de técnicos y profesionales en algunos casos sin experiencia y sin el suficiente grado de preparación en el mane- jo de la res pública, afirmación que podría ser válida para el análisis de aquellas administraciones con una notable tradición burocrática, pero no para aquellas que, como la nuestra, nunca fueron notoriamente eficientes y cuya tradición y existencia como un cuerpo estable de funcionarios es, cuando menos, discutible. Culpar de este defecto histórico a los “inexpertos recién llegados” sería excesivo; y, finalmente, c) Hay quienes se enfocan en la inestabilidad laboral como una de las principales causas de la fuga de recursos humanos cualificados, con grave daño para la gestión, producto de la politización, el patrimonialismo, la oscuridad normativa, etc.

Todos estos elementos hacen parte de una de las más viejas deudas para con nuestra administración pública, nos referimos a la implementación de una adecuada y eficiente carrera administrativa que integre, en clave de sistema, todos los esfuerzos desplegados desde el Estado, en todos sus niveles, para la gestión del talento humano. Se trata, ciertamente, de un añejo y en algún sentido desgastado discurso que parece ir recuperando tímidamente terreno en el plano político, como uno de los elementos centrales para la reforma del aparato burocrático estatal. A esto se ajusta, por ejemplo, la reivindicación de la importancia del criterio meritocrático que se viene reclamando desde diferentes sectores y en diferentes áreas de la gestión.

Ahora bien, no es menos cierto que un sistema de carrera afectaría: a) Por un lado, a ese estilo de gestión basado en la inestabilidad y la politiquerización (si se me permite el invento), tan tradicional en nuestra administración estatal, con funcionarios tenidos más como militantes a disposición del partido y sus padrinos políticos, que como servidores técnicos pagados para responder a las necesidades colectivas, generando grandes resistencias en los muchos interesados en mantener las cosas como están; y, b) Por otro, a corporaciones o “microoligarquías” de funcionarios, cerradas, excluyentes e ineficientes, que pugnarían por capturar el proceso a efectos de ampararse en una visión deformada de la estabilidad laboral, buscarían patrimonializar los espacios burocráticos con base en presiones y acuerdos corporativos. Factores que deberían impulsar nuestra capacidad creativa, en vez de frenarla, pensando en procesos de reingeniería organizacional innovadores y adecuados a nuestra realidad, pues está claro que pese a su devaluación, son y serán las burocracias las encargadas de sostener la gestión estatal y garantizan la prestación de los servicios públicos, materializando, en definitiva, los derechos de las personas.

Sólo así será posible establecer una gestión pública plural cuya burocracia concilie igualdad e inclusión con eficacia, eficiencia y resultados, imprescindible para el desarrollo de nuestras instituciones.