La Fiscalía aprehende a jueza por sospecha de prevaricato y riesgos
La jueza anticorrupción Sara Céspedes que investiga el caso mochilas debe afrontar hoy dos audiencias, una de acción de libertad y otra de medidas cautelares. El Ministerio Público pide su detención preventiva
El Ministerio Público justificó la aprehensión de la jueza Sara Céspedes, quien el viernes unió de oficio los casos Mochilas I y II por los que es investigado el alcalde José María Leyes, por un presunto caso de prevaricato. Además porque existen los riesgos de obstaculización y fuga.
“No se puede hablar de amedrentamiento ( contra la jueza), porque sólo se está haciendo uso del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, respondió el fiscal departamental, Óscar Vera, a los periodistas, ayer.
El artículo 226 prevé que “el fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad”.
La Fiscalía cuestiona que la jueza Céspedes haya sacado dos resoluciones contradictorias: una para separar los casos y otra para unirlos.
El 11 de junio, el Ministerio Público presentó una denuncia por prevaricato contra la jueza por haber dispuesto, el 8 de junio, que los casos Mochilas I y II se junten.
La jueza acudió a declarar el 11 de junio y ratificó la conexitud de los casos. Al final, fue liberada, pero ayer, 13 de junio, fue aprehendida en el garaje del Tribunal de Justicia, presuntamente porque personal de su juzgado declaró el 12 de junio en su contra.
Ayer, el fiscal Vera dijo que las investigaciones de los fiscales derivaron en que existe riesgo de obstaculización y fuga, razón por la cual la Felcc procedió a aprehenderla.
Añadió: “En la calidad de juez que tiene, puede influir en otras personas, por ello concurre el riesgo de obstaculización. Existe la posibilidad que trate de impedir el avance de la investigación”.
Según el Código de Procedimiento Penal, la conexitud de casos puede establecerse cuando los hechos y los imputados fueron cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o por varias personas en distintos lugares y tiempos.
El auto resolutivo que establece la unión de las denuncias de corrupción aún no fue notificado a las partes, lo que ocasionó más susceptibilidad.
Vera explicó que “el 5 de junio, la jueza rechazó el pedido de unir los casos; el 8 de junio, en audiencia cautelar del Alcalde, leyó una resolución contraria. Hasta ahora no nos llegó el auto resolutivo, ése es un elemento importante para el caso, por otro lado, el hecho que hasta ahora no se haya fijado una nueva fecha de audiencia también es una falta”.
La jueza, al llegar a la Felcc para su filiación, expresó que tiene la conciencia tranquila y las manos limpias. Calificó el procedimiento como “una aprehensión ilegal por hacer justicia con manos limpias”.
Ayer, la defensa de Céspedes presentó una acción de libertad que debe resolverse antes de la audiencia cautelar.
El abogado de la responsable de contrataciones de la Alcaldía, Dante Reyes, dijo que la acumulación de casos perjudica a su cliente Carolina Ayala.
En la calidad de juez que tiene, puede influir en otras personas, por ello concurre el riesgo de obstaculización. Existe la posibilidad que trate de impedir el avance de la investigación. Óscar Vera Fiscal Departamental
Y si efectivamente el juez ha incurrido en una falta, será pues el proceso de investigación el que establezca responsabilidades. Mabel Montaño Representante distrital del Consejo de la Magistratura