Avances y desafíos en la banca digital
Organización y colaboración de todos los actores involucrados son clave para aprovechar los beneficios de la banca digital, minimizando así sus riesgos.
Según diversos estudios internacionales, se estima que cerca de US$ 575.000 millones (0,5% del PIB global) es lo que el cibercrimen le cuesta al año al mundo, monto que alcanza los US$ 90.000 millones en el caso de América Latina y el Caribe. Esto es, cerca del 1,2% del PIB de la región.
En tanto, Chile se encuentra en una posición intermedia en el Índice Mundial de Ciberseguridad, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ubicándose en el lugar número 16, bajo países como Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. Esta organización internacional plantea que para avanzar es necesaria la generación de una estrategia de ciberseguridad interna y una mayor cooperación internacional.
Ventajas versus riesgos
Si bien la operación en el ciberespacio genera valor, también involucra riesgos para los participantes. Según la presentación realizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en febrero pasado, titulada “Ciberseguridad en el mercado de las tarjetas de crédito”, el desafío es cómo potenciar los beneficios derivados del uso de estas tecnologías manteniendo los riesgos asociados bajo control.
“Los riesgos operacionales que representan eventuales delitos tecnológicos o informáticos son un desafío para las autoridades, para la industria y para la estabilidad del sistema financiero. Sólo el intercambio de información sincera y oportuna nos permitirá construir un sistema robusto”, comenta Eric Parrado, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.
Considerando que se trata de una labor que involucra a múltiples sectores y funciones, la experiencia internacional mues- tra que el ambiente de control se fortalece con soluciones tecnológicas específicas y la coordinación, cooperación y el intercambio de información entre los involucrados. Desde una perspectiva micro, precisa la SBIF, la alta administración debe participar en la gestión de los riesgos asociados al ciberespacio, con una gestión robusta que implique identificación de riesgos, establecimiento de mecanismos de detección y control y generación de planes de continuidad operacional, entre otras medidas.
Además, para mitigar el impacto del ciberfraude, es fundamental la forma en que las instituciones atienden a los usuarios afectados y responden frente a estos eventos, considerando que en el negocio financiero no existe un activo más relevante que la confianza y la reputación.
16 es el lugar que ocupa Chile en el Índice Mundial de Ciberseguridad, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU).