¿Chile va en el camino correcto?
Sepa por qué es un tema relevante para las empresas.
Los avances de Chile en materia de derechos humanos son innegables. Por una parte, se ha avanzado en áreas institucionales que han perfeccionado la democracia y las normas y políticas públicas, que apuntan a fortalecer el sistema de protección social y corregir situaciones de vulnerabilidad de grupos específicos por motivos de género, orientación sexual, origen, entre otros.
Por otra parte, el dinámico crecimiento económico del país en estas décadas ha sido también un factor relevante para fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos, tanto por la vía de aportar mayores recursos para que el Estado consolide su rol en esta materia, como por sus efectos en la generación de mayores niveles de empleo y remuneraciones, creación de emprendimientos y acceso a bienes y servicios, ampliando así las posibilidades de que las personas y las organizaciones desarrollen sus capacidades de mejorar su calidad de vida con mayor autonomía. En este sentido, el propio retroceso de la pobreza ha sido un logro fundamental para que sean cada vez menos las personas que necesiten del Estado para tener acceso a bienes y servicios básicos y ejercer su ciudadanía en plenitud.
Desafíos para el empresariado
La vía por la que se venía trabajando en esta materia, se ha visto actualmente amenazada por dos fenómenos: la pérdida de dinamismo económico de los últimos años y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones que nos rigen. En particular, preocupa la percepción de abuso y colusión entre el poder económico y el político: el 75% de las personas piensa que los empresarios influyen de manera relevante en las decisiones del Congreso (PNUD 2016).
Este nuevo contexto constituye un desafío complejo para el empresariado. El sector privado está llamado a ser el agente clave del dinamismo económico, pero el ambiente de sospecha generalizada está en la base de un clima de conflicto y de incentivos a la sobrerregulación que pueden atarla de pies y manos: se habla de US$ 100 mil millones de inversiones detenidas por conflictos socioambientales.
Desde un punto de vista positivo, estamos ante una oportunidad para avanzar hacia un cambio que favorezca el dimanismo económico y permita retomar la confianza.