Propuesta para el traslado del Congreso Nacional

Es necesario que el Ejecutivo –el único habilitado para promover un cambio de sede- haga un estudio para explorar costos y beneficios de esta iniciativa.

UEVAMENTE UN grupo de parlamentarios postula el traslado de la sede del Congreso Nacional a Santiago. La última vez que se había presentado una moción al respecto fue en 1996, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC), en atención a que el traslado provoca gasto al presupuesto público y entra en el ámbito de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En el intertanto, se aprobaron reformas a los reglamentos internos de las cámaras, autorizando el funcionamiento de las comisiones en la antigua sede en Santiago y se pretendió por el mismo expediente autorizar el funcionamiento de la sala. La radicación del Congreso en Valparaíso es una decisión que ha sido siempre cuestionada y no es razonable que continúe bajo permanente discusión. El debate se ha conducido con argumentos más emotivos que reales, como la necesidad de fortalecer el regionalismo, por lo que sería oportuno que el gobierno -que es el que tiene la palabra final por implicar un gasto público- impulse un estudio serio de los costos y beneficios que implicarían las alternativas, para que haya base real que permita adoptar una decisión que aspire a ser definitiva. Es indiscutible que la radicación en el Puerto provoca inconvenientes asociados al continuo traslado de parlamentarios, la mayoría de los cuales residen en Santiago o en las restantes regiones, siendo un hecho que las conexiones de éstas con la Región Metropolitana son más expeditas, y de funcionarios de gobierno, con los consiguientes costos e ineficiencias. Asimismo, actividades oficiales o de representación política en la capital inciden en la inasistencia de los primeros a sesiones legislativas. Por otra par- A CONCERTACION celebró el domingo las primarias municipales que acordó previamente el sector para determinar a los candidatos a alcaldes de 142 comunas del país que representarán al conglomerado en las elecciones de octubre próximo. Según estimaciones de los organizadores, en el proceso habrían participado unas 320 mil personas.

La realización de estas primarias es una positiva instancia que permite a los partidos dirimir contiendas electorales internas, y también contribuye a fortalecer al sistema político y a mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de los partidos. Además, hacer que los ciudadanos elijan a sus candidatos –en este caso a nivel comunal- en ejercicios democráticos como éste supone una buena oportunidad para que los actores políticos se legitimen frente al electorado y sintonicen con las demandas de una ciudadanía que ha reclamado ma- te, también es un hecho que el aporte a Valparaíso no ha sido significativo, en la medida en que el Congreso constituye un mundo virtualmente aislado que no interactúa con la ciudad, aunque la duda de la permanencia de la sede legislativa puede haber influido en esto último, y no ha tenido ningún papel efectivo en el fortalecimiento de la regionalización. Finalmente, existe una infraestructura legislativa en Valparaíso que supone una inversión ya efectuada, mientras que la existente en Santiago no es suficiente y habría que hacer un gasto significativo en ampliarla, o bien costear el arriendo de múltiples oficinas para las actividades parlamentarias. Todos estos factores pueden medirse y reducirse a un análisis cuantitativo y objetivo, de modo que el debate se haga con bases concretas y se genere un ambiente que despeje la incertidumbre de una vez. Lo que no parece recomendable es que la ley que fija la sede en Valparaíso sea sobrepasada por modificaciones reglamentarias. Tampoco corresponde que se tramiten mociones parlamentarias que pretenden cambiar la sede, pues importan un desconocimiento de prerrogativas presidenciales. No es efectivo, como ha dicho uno de sus impulsores, que no habría problemas de iniciativa en esta ocasión, porque en el presupuesto vigente habría fondos suficientes que se pueden utilizar, debido a que el mismo alegato se hizo en 1996 y el TC lo desechó expresamente, al sostener que “es de iniciativa exclusiva del Presidente todo proyecto que altere las normas de administración presupuestaria del Estado”. Eludir definiciones en una discusión que se repite cíclicamente es señal de inmadurez institucional, y pesa sobre el gobierno –como consecuencia del referido fallo- el deber de tomar la iniciativa para zanjarla en forma definitiva. yor participación en la toma de decisiones.

Siendo estas primarias un buen paso para disminuir las barreras de entrada a nuevos candidatos y promover la participación ciudadana, resultaría muy deseable que se ampliaran a otros sectores políticos, para convertir esta práctica en un hábito que encuentre respuesta en la población. Para ello, resulta fundamental que se perfeccionen aspectos que mejoren la organización de estos comicios, por ejemplo la información sobre fechas y lugares de votación y la oportuna entrega de resultados. Asimismo, el experimento desarrollado por la Concertación muestra la importancia de motivar una concurrencia más masiva a las urnas, para evitar que este proceso participativo sea capturado en algunas comunas por maquinarias políticas capaces de movilizar a grupos reducidos que terminen inclinando la balanza en favor de algún precandidato.