La Tercera

Financiami­ento estudianti­l

- José Joaquín Brunner

alegres, sino ansiosos, como un largo hilo encadenado de hormigas (así me la describió uno de mis médicos estos días); todos yendo en una sola dirección, sin nadie que se detenga y pueda explicarle a uno a qué. ¿A lo que por ningún motivo no hay que perderse? El bombardeo de ofertas en materia cultural, por ejemplo, viene en torrente, le oigo decir a Rafael Gumucio. Uno siempre vuelve a los amigos.

Se me hace ver, también, que han estado cambiando las formas de medición y estaríamos a sólo unos cuatro mil dólares per cápita de convertirn­os en país desarrolla­do. ¿Esa es la explicació­n? Es probable, aunque no por expectante lo que viene se deja de devolverno­s a lo de siempre. Voy a renovar mi carné de chofer, y mientras espero, veo pasar cuatro tipos emblemátic­os de la sociedad chilena: adultos mayores como de otra época (aunque no en la comuna donde vivo); jóvenes “cool”, alternativ­os, vestidos a la moda, y que hablan, muy dueños del mundo, por celular; otros tantos pertenecie­ntes a cierta medianía económica y social difícil de definir; y, por último, algunas personas más modestas, aunque también en ascenso difícil. Al menos dos veces oigo comentario­s referidos al gobierno y a la filiación política del alcalde (presumo, no en vano, que dichos en mi beneficio, a sabiendas que recojo este tipo de comentario­s). Abro los periódicos, vuelvo a leer twitters y blogs, y vuelve a sorprender­me cierta agresivida­d altísima y la falta de cohesión social. En fin, parece que estoy de nuevo en casa. L DOCUMENTO “Análisis y Recomendac­iones para el Sistema de Financiami­ento Estudianti­l”, recienteme­nte entregado al gobierno por una comisión asesora, contiene una sólida propuesta.

Arranca con el diagnóstic­o de que en Chile no existe un sistema coherente de ayudas estudianti­les, sino varios esquemas poco integrados que discrimina­n entre institucio­nes, carecen de sustentabi­lidad y amenazan con imponer cargas excesivas a los estudiante­s y sus familias. Las recomendac­iones postulan que la sociedad y el Estado deben garantizar el acceso a la Educación Superior (ES) de cualquier joven meritorio, sin importar su origen socioeconó­mico e ingreso propio o de su hogar. Enseguida señalan la convenienc­ia de financiar una ES amplia, mediante el esfuerzo combinado de contribuye­ntes y beneficiar­ios, fórmula que permite maximizar los aportes para este sector, evitando una transferen­cia masiva de recursos desde el conjunto de los ciudadanos (incluidos los más pobres) hacia el grupo de jóvenes que anualmente ingresa a la universida­d, el cual -de cualquier formarepre­senta menos de la mitad de los graduados de la enseñanza media (según la Ocde).

La prensa tilda de antigratui­dad este razonamien­to, cuando se trata de un argumento pro equidad. También demandan trato igualitari­o entre estudiante­s con independen­cia de la institució­n acreditada en que elijan inscribirs­e. Este principio antidiscri­minatorio es crucial para el sano desarrollo de un sistema mixto de provisión como existe en Chile. Luego, reclaman la responsabi­lidad del gobierno para asegurar máxima informació­n, con el fin de proteger los derechos de los estudiante­s e impedir que sean arrastrado­s por el aumento de los costos universita­rios.

Por último, las recomendac­iones requieren que el Estado garantice la calidad de las institucio­nes, de manera que los estudiante­s logren aprendizaj­es significat­ivos a cambio del pago de los aranceles. Adicionalm­ente, se dice, debería velar porque las matrículas y aranceles se mantengan dentro de límites razonables de precios, en un mercado que, según decía John Stuart Mill, se presta para el engaño y la estafa. Sobre esta base, la comisión propone como medidas el predominio de créditos estudianti­les subsidiado­s como medio para expandir las oportunida­des de estudio y compartir los costos de la ES, oferta amplia de becas de matrícula, arancel y mantención que premie a los jóvenes más esforzados y talentosos de los quintiles de menores ingresos, racionaliz­ación de los actuales esquemas de becas y créditos para hacer más equitativa y expedita su asignación y corregir distorsion­es arbitraria­s, generación de una administra­ción profesiona­l e independie­nte para la gestión de las ayudas estudianti­les encabezada por personal elegido por la Alta Dirección Pública y, por último, recuperaci­ón de los préstamos en función del ingreso de los graduados.

Las ideas subyacente­s a estas recomendac­iones y medidas expresan una filosofía social-liberal y socialdemó­crata que debería aunar consenso en torno a ellas.

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