La Tercera

¿Quién le pone el cascabel al gato?

La erradicaci­ón de las conductas de matonaje es, ante todo, una tarea social y educaciona­l más que legal.

- Rodrigo Castro

L TEMA del bullying irrumpió en nuestro sistema escolar para quedarse. Aunque no tengo cifras exactas, es evidente que continúan existiendo situacione­s de este tipo en los establecim­ientos educaciona­les. No sé si éstas han aumentado el último tiempo; quizás lo que sucede es que como ahora existen mecanismos legales para dar cuenta de dichas situacione­s, las víctimas y sus padres se atreven a denunciar este tipo de hechos negativos y, debido a esto, se conoce una mayor cantidad de casos.

Este es un tema que a todos tomó por sorpresa, ya que siempre ha estado presente y la ley lleva muy poco tiempo como para hacer una evaluación seria sobre su aplicación; con todo, considero que ésta tiene elementos importante­s para desincenti­var, prevenir y castigar las conductas de “matonaje escolar”. Hace poco, un colegio acaba de ser multado por no haber sido diligente para enfrentar un caso de este tipo. Esto constituye una seria advertenci­a a todos los directores de establecim­ientos educaciona­les, para que se preocupen de promover una educación para la buena convivenci­a escolar y de implementa­r medidas preventiva­s contra el bullying. Todos estamos empeñados en promover buenas prácticas de convivenci­a al interior de nuestros establecim­ientos, y en los proyectos educativos es un tema que debe estar presente.

Es interesant­e considerar que los colegios son los primeros interesado­s en erradicar el bullying de sus comunidade­s escolares, porque estas malas prácticas afectan gravemente el ambiente educativo y la normalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaj­e. Sin embargo, para los colegios es difícil hacer su tarea si no cuentan con la colaboraci­ón de los padres y apo- derados, y con la de los propios estudiante­s, para enfrentar los altos niveles de violencia del entorno social y, especialme­nte, la fuerte influencia de algunos programas, juegos y sitios en internet, donde se muestran y promueven acciones de violencia protagoniz­adas por matones.

Es especialme­nte difícil enfrentar situacione­s de bullying cuando victimario­s y víctimas pertenecen a la misma comunidad escolar. La situación de ambos es un desafío educativo, pero el tratamient­o de ambos no puede ser igual, y se debe privilegia­r a la víctima por sobre el o los victimario­s. Aquí nadie puede imponer una fórmula a los colegios, ya que cada uno presenta realidades distintas, lo que hace que cada uno busque la metodologí­a que pueda engranar de mejor forma entre lo que el establecim­iento plantea en su reglamento interno y lo que quieren los padres y apoderados del establecim­iento. Claramente, el clima escolar es un factor de éxito en el colegio.

La disminució­n, y ojalá la erradicaci­ón de las conductas de matonaje, es, ante todo, una tarea social y educaciona­l más que legal, y en ella la educación propiament­e tal y la prevención son claves. Es necesario que la opinión pública confíe en los colegios, y dé tiempo a la implementa­ción y a la aplicación tanto de las medidas que exige la ley como de las que cada colegio establezca por iniciativa propia y según su experienci­a y proyecto educativo. UIZAS EL ejemplo más patente de falta de proactivid­ad en nuestra clase política es el proyecto de ley de tarificaci­ón vial. Esta iniciativa legal se encuentra durmiendo el sueño de los justos hace más de 20 años.

Para nadie es una novedad que Santiago y otras ciudades del país crecen, y de esta manera aumenta la expansión urbana, además de la tasa de motorizaci­ón, extensión y duración de los viajes. Dado que todos estos indicadore­s crecen por sobre la inversión en infraestru­ctura vial, lo único que podríamos esperar es que la congestión se incremente significat­ivamente en el corto y mediano plazo.

La congestión se produce cuando hay escasez de infraestru­ctura vial y su control se aborda aumentando la oferta de calles o restringie­ndo la demanda. Así, la construcci­ón de infraestru­ctura y gestión de tráfico permiten aumentar la oferta vial, mientras que la demanda se puede controlar a través de restriccio­nes a la circulació­n o desincenti­vos en zonas y horas de congestión.

En Chile, esta problemáti­ca se ha enfrentand­o con medidas coercitiva­s como la restricció­n vehicular, que aunque sea por motivos de contaminac­ión, también es implementa­da para la congestión, pero con muy baja efectivida­d.

Además, se cuenta con incentivos económicos como el sistema tributario asociado al transporte que incluye permisos de circulació­n, peajes e impuesto específico a los combustibl­es. El permiso de circulació­n grava en mayor medida a los vehículos más nuevos y más limpios, lo que desincenti­va la renovación del parque automotriz. El impuesto específico a los combustibl­es, por su parte, es más alto para vehículos más livianos y menos contaminan­tes, y que por tanto contradice para lo cual fue creado: la construcci­ón y mantención de la infraestru­ctura vial. En este mismo sentido, hay evidencia que sugiere que el impuesto que corrige la externalid­ad para nuestro país debería alcanzar los US$ 0,62 por litro para la bencina y US$ 0,55 por litro para el diésel.

Ahora bien, en Chile no existen tarifas asociadas a los altos niveles de congestión o contaminac­ión producidos por el parque vehicular. Los costos asociados a la congestión se traducen en el aumento de tiempo de viaje por parte de los usuarios y los costos asociados a la contaminac­ión son la restricció­n vehicular y prohibició­n de circular por algunas vías durante episodios críticos.

Una de las alternativ­as que se debiese evaluar al menos para Santiago es la aplicación de un régimen de tarificaci­ón vial en algunos puntos de la ciudad como el centro, y en otros sectores tales como “Sanhattan”.

En este contexto, el cobro por ingresar a determinad­os lugares podría ser una de las herramient­as adecuadas para promover el transporte público y de esa forma se maximizarí­a el uso eficiente de la infraestru­ctura vial. Pero para que una solución de este tipo sea viable se requiere contar con un sistema de transporte público que funcione adecuadame­nte, requisito que el Transantia­go está muy lejos de cumplir. Por ello, es fundamenta­l que se perfeccion­e y se resuelvan a la brevedad las fallas que éste continúa presentand­o. Luego, cabe preguntars­e, ¿quién le pone el cascabel al gato?

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