Resultados de encuesta sobre seguridad ciudadana
El deterioro en este ámbito reclama una acción decidida de parte del gobierno, el cual ha puesto el tema en el centro de su discurso y su acción.
L INSTITUTO Nacional de Estadísticas dio a conocer la semana pasada los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc), herramienta que se aplica anualmente y permite evaluar las percepciones de la población sobre el tema y los índices de victimización. En esta ocasión, el sondeo reveló que tanto esta última como la sensación de inseguridad sufrieron incrementos relevantes respecto de su versión anterior. Así, creció desde 28,2% en 2010 a 31,1% en 2011 la proporción de personas que afirma que ellas o algún miembro de su hogar fueron víctimas directas de un delito en los pasados 12 meses. Por su parte, subió desde 34,5% en 2010 a 43% en 2011 la cantidad de personas que creen que ha aumentado la delincuencia en el barrio que residen. Se trata de resultados preocupantes, que tienden a confirmar otros similares conocidos a través de diversos instrumentos. Todos ellos muestran un retroceso en los avances que se habían venido verificando en la lucha contra la delincuencia. Aunque, como recalcó el subsecretario de Prevención del Delito, la situación todavía se compara favorablemente respecto de lo que sucedía en 2005, parece evidente que hoy ya no existe espacio para el optimismo y que resulta necesario introducir correcciones. Durante años, la ciudadanía ha identificado la seguridad ciudadana como una de sus principales preocupaciones, debido a la directa influencia que tiene sobre su estilo y calidad de vida. La sensación de que el problema se tornó muy serio durante las administraciones de la Concertación -pese a las mejoras en los últimos años del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- fue uno de los factores YER COMENZO a ser aplicado oficialmente el XVIII Censo de Población y VII de Vivienda, proceso que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y que se extenderá por tres meses. Se trata de un proceso altamente valorable, pues a partir de sus resultados será posible diseñar y afinar una serie de políticas públicas en función de la demografía, la realidad socioeconómica y los hábitos de la población.
El INE implementó una serie de novedades para el presente censo. Desde luego, es destacable que el levantamiento de datos se haga en un plazo de 90 días y no en un solo día, como ocurría hasta el último ejercicio (2002). Contar con mayor plazo permite soslayar eventuales obstáculos (como los climáticos) y que aquellos hogares que no logren ser encuestados en una primera oportunidad sean contactados en una fecha posterior. Posiblemente uno de los puntos más llamativos tiene que llevaron al triunfo a la candidatura de la Coalición por el Cambio en 2010, más aún si ésta identificó correctamente la importancia del tema y prometió ponerlo como prioridad una vez llegada a La Moneda. Pese a un comienzo auspicioso en el que las cifras continuaron mostrando progreso en el combate contra el crimen, y la introducción de una serie de reformas -como la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto a una nueva institucionalidad-, en términos globales los resultados han sido decepcionantes. La autoridad ha señalado que en el deterioro de la percepción pública sobre seguridad en 2011 están presentes aspectos circunstanciales, como las manifestaciones públicas ocurridas ese año, muchas de las cuales terminaron en desórdenes y obligaron a distraer efectivos policiales. Es ésta una explicación plausible que constituye una razón más para que La Moneda sea extremadamente cuidadosa con el contenido y la coherencia de las señales que emite en este ámbito, para que no surja entre la población, como sucedió en 2011, una percepción de debilidad y confusión respecto de la determinación con que el Ejecutivo aborda la materia. Esta explicación, sin embargo, es aplicable a Santiago y a otras urbes, pero no a realidades distintas, como la que parece tener lugar, por ejemplo, en Tarapacá. Pese a exhibir una caída en 2011 respecto de 2010, la región nortina continúa siendo aquella donde la victimización llega al nivel más alto en el país (44,2%). Allí, el auge que el comercio sexual y el narcotráfico han experimentado en los últimos años da cuenta de una realidad que debe ser enfrentada de manera específica, tomando en consideración las complejidades propias de la situación local. que ver con las nuevas preguntas que se incorporan en esta medición. Una de ellas se refiere a la convivencia de parejas del mismo sexo; otras apuntan a los hábitos de reciclaje y uso de la energía, como también la relación con las nuevas tecnologías informáticas.
El grado de profesionalismo que ha alcanzado el INE es destacable, y procesos como el censo, pero también otros datos que procesa esta entidad y que son muy relevantes para el país, como la medición de la inflación, permiten aquilatar la importancia de contar con organismos que garanticen la transparencia y acuciosidad en las cifras oficiales. Sería una señal de progreso que la institucionalidad del INE avanzara en la línea de total autonomía respecto de las autoridades de turno -hoy depende del Ministerio de Economía-, tal como ocurre con el Banco Central. Existe un compromiso presidencial en esa línea, y sólo cabe que ello sea una realidad durante el actual mandato.