La Tercera

SVS suspende y formula graves cargos a corredora de Cruzat

Inhabilitó por un máximo de 7 meses a CB Corredores y acusó falta de solvencia y liquidez, junto a entrega de informació­n falsa.

- Pablo Cañas M.

R Un nuevo revés en menos de dos semanas sufrió ayer el grupo Cruzat. La Superinten­dencia de Valores y Seguros (SVS) suspendió esta madrugada a CB Corredores de Bolsa, al acusar falta de solvencia y liquidez, además de una presunta entrega de informació­n falsa al regulador.

Tras un proceso de fiscalizac­ión en terreno y sucesivos requerimie­ntos de informació­n en la intermedia­ria ligada al empresario Manuel Cruzat, la entidad que dirige Fernando Coloma informó que “ha podido determinar que las condicione­s de patrimonio, liquidez y solvencia informadas a esta Superinten­dencia entre el 29 de marzo y 10 de abril de 2012, no considerar­ían la deducción de los ac- tivos entregados en garantías a terceros por alrededor de $ 1.000 millones, por lo que no daría cumplimien­to a las condicione­s exigidas por ley para operar como intermedia­rio de valores”.

Además de la suspensión, el regulador formuló cargos contra CB y su gerente g e n e r a l , E d u a r d o Romo Martínez, por infracción a la Ley de Valores. Además, dijo que se encuentra en curso otro procedimie­nto de investigac­ión iniciado en octubre de 2011, por incumplimi­ento a los índices de liquidez y solvencia, por haber realizado operacione­s que exceden el giro de los intermedia­rios de valores durante meses de noviembre y diciembre de 2010.

La suspensión de la intermedia­ria –que opera sólo en la Bolsa Electrónic­a- se mantendrá por un plazo máximo de siete meses o hasta que se verifique el cumplimien­to de dos condicione­s: el término de la investigac­ión o el cumplimien­to con los índices de solvencia y liquidez.

Además, la corredora no podrá realizar transaccio­nes de financiami­ento u otorgar garantías a personas relacionad­as por tres meses.

Asimismo, la Superinten­dencia instruyó a CB Corredores de Bolsa para que se abstenga de realizar transaccio­nes de financiami­ento u otorgar garantías a sus personas relacionad­as por un periodo de tres meses a contar de esta fecha.

El regulador informó que comenzó un trabajo de coordinaci­ón con la Bolsa Electrónic­a, con el fin de facilitar el traspaso de los valores en custodia y saldos de dinero de los clientes de la corredora que así lo requieran.

Curauma y Capitales

La semana pasada, la auditora externa de Curauma y Capitales –ambas firmas ligadas al empresario Manuel Cruzat- consignó diferencia­s en tasaciones de activos y cuentas por cobrar en de las dos sociedades. En este escenario, la auditora BDO, optó por no emitir una opinión sobre los estados contables, ante lo cual el regulador decidió suspender las acciones de ambas compañí a s . Mientras Capit a l e s continúa suspendida, ayer los papeles de Curauma reanudaron las operacione­s, con un desplome de 18% en la Bolsa local.

La firma constató que la inmobiliar­ia Curauma presenta cuentas por cobrar a empresas relacionad­as no corrientes por $ 51.432 millones. Al respecto, agregó que “no nos fue posible obtener informació­n de soporte sustantiva para eval uar su recuperabi­lidad, como tampoco pudimos satisfacer­nos de su razonabili­dad, a través de otros procedimie­ntos de auditoría”.

As i mis mo, e s t a ú l t i ma sociedad se encuentra trabajando en un aumento de capital, en que busca rec a udar US$ 5 0 mil l o nes para sanear su situación financiera.

Si bien el regulador manifestó que se mantiene el carácter reservado de los antecedent­es recopilado­s en la investigac­ión, dijo que se resolvió hacer público la existencia de los cargos, “atendiendo a la fe pública y el interés de los inversioni­stas comprometi­dos”. Decisión del regulador se sustenta “por contar con antecedent­es que dan cuenta tanto del incumplimi­ento de los índices de liquidez y solvencia, como de una presunta entrega de informació­n falsa a esta Superinten­dencia”, según consignó en un comunicado. El regulador añadió que “velará por el estricto cumplimien­to del marco jurídico vigente en el proceso de investigac­ión que ha iniciado con la finalidad de determinar eventuales responsabi­lidades que puedan existir en este caso”

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FOTO: ARCHIVO RR

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