El elefante en la cristalería
A MATRICULA de todos los establecimientos educacionales del país experimentó un sostenido crecimiento hasta el 2005, momento en el que por factores de disminución de la población comienza un período de decrecimiento que parece no detenerse. Sin embargo, el comportamiento de la matrícula municipal no ha tenido el mismo destino: su declive se inicia el 2001. Este quiebre en la tendencia de crecimiento de la matrícula del sector alcanzó una drástica caída en cifras que bordearon casi el 6% anual.
Pero estos números se profundizan a partir del inicio del presente año escolar. Se ratifica esta tendencia, aunque con una caída mayor: ahora se acerca al 8%. No tenemos duda que la desazón de las familias a causa de la prolongada movilización educacional del año pasado, la ausencia de clases, la crisis del modelo educativo público financiado desde el Estado, la incertidumbre y las dudas frente a la calidad, refuerzan esta pendiente.
Como consecuencia, los municipios han tenido que incrementar año a año los aportes que realizan a la educación pública. Obviamente, una menor matrícula presupone menores ingresos. Sumémosle a ello que la subvención educacional cada vez alcanza para menos. Por esto, los municipios tuvimos que aportar el año pasado más de 150 mil millones de pesos al sector, agudizando el endeudamiento municipal. Así se va restando atención a los temas que tienen que ver con las tareas propias de los municipios.
Pese a todo este panorama, reconocemos y valoramos los aportes realizados últimamente, como son el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal de Educación (Fagem), la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y los recursos aportados a través de la Ley de Calidad y Equidad, por mencionar algunos. Sin embargo, la ma- yor parte de estos recursos poseen un fin específico, por lo que no pueden ser destinados a financiar el costo permanente del servicio educativo.
En el actual escenario, la Asociación Chilena de Municipalidades ha transmitido su preocupación, ahora al nuevo ministro Harald Beyer, acordándose una mesa técnica bipartita que abordará distintas alternativas de solución a los problemas enunciados y haciendo un aporte a la nueva institucionalidad que se quiere crear. Como ya lo hemos señalado, no somos sólo parte del problema, queremos ser parte de la solución. No olvidemos que hemos administrado la educación pública los últimos 30 años.
Estamos empeñados, pese a todos los problemas que tenemos, en la generación de estrategias que permitan revertir la situación actual, a través de mecanismos que logren frenar la caída de la matrícula, evaluar la corrección del actual sistema de financiamiento, incidiendo en el incremento justo de la subvención educacional y buscando cautivar a los niños desde los primeros años de escolarización, para lo cual es imprescindible ampliar la Jornada Escolar Completa a los niveles de prekínder y kínder.
Los municipios, más allá de los énfasis o de las políticas públicas que se decidan para el futuro mecanismo de la administración educacional, queremos sumarnos a los esfuerzos del país por lograr los consensos necesarios que garanticen a todas las familias una educación de calidad. Esto les da sentido a nuestras aspiraciones como gobierno local. N DEMOCRACIA las autoridades son responsables ante la población. La mayoría de las veces así ocurre, al punto que, cuando ésta pierde la paciencia, vota para sacarlas del cargo y entrega la responsabilidad a otros. Sin embargo, en un número cada vez mayor de ocasiones da la sensación de que las cosas son al revés: pareciera que diversas autoridades de los tres poderes del Estado están hartas de que no les respondamos como ellas quieren, por lo cual han decidido tomar la iniciativa en una serie de ámbitos donde hasta hace poco los ciudadanos decidíamos de manera autónoma.
Nuestras autoridades se aburrieron de que insistiéramos en tomar y manejar y optaron por una ley que convierte en delito lo que antes era sólo una falta; discuten la manera de limitar que nos expongamos a la publicidad que promueve la comida chatarra; se cansaron de vernos fumar y lo prohibieron en un sinnúmero de sitios donde antes era común hacerlo; quieren evitar, a través de NA PIEDRA fundamental de la sociedad chilena es el artículo 8° de la Constitución. En éste se establece la “estricta probidad” para la gestión de los órganos del Estado y de los funcionarios de la Administración y como regla general la “publicidad” de sus actos, resoluciones y procedimientos, salvo que se afecten el cumplimiento de sus funciones o derechos de las personas, como la privacidad.
No obstante, el ejercicio de la competencia como autoridad de aplicación que la Ley 20.285 confirió al Consejo de Transparencia ha sido errado. Con un radical afán transparentista, y descontextualizando la interpretación de la norma inconstitucional que dice que “es pública toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración...”, se ha obligado –entre otros hechos- a revelar desde el Servel datos personalísimos de los discapacitados chilenos a cualquiera que lo solicite; se ha pretendido infringir el secreto tributario de los datos personales de los pro- una ley, de que pronunciemos palabras que puedan ser interpretadas como discriminatorias; han dispuesto que es posible divulgar los e-mails de los funcionarios públicos.
Quienes impulsan estas determinaciones y otras similares las justifican afirmando que ellas permiten incorporar legislación moderna que nos ubica a la par con, a su juicio, envidiables ejemplos internacionales. En el caso del tabaco se menciona a España; en el de la ley de alcoholes, a Australia. Parecernos a esos países nos acercaría al desarrollo. También sostienen que las medidas adoptadas preservan los derechos de otros y nos protegen de ciertos malos impulsos que, en ausencia de las restricciones, seríamos incapaces de controlar.
La consecuencia de este afán paternalista es una ampliación de las atribuciones del Estado y una disminución de la autonomía personal. Por ello definía Octavio Paz al Estado como un ogro filantrópico que, queriendo hacer el bien, acaba atropellando la libertad individual. No se trata de creer que el Es- pietarios de bienes raíces, y se ha pretendido revisar la gestión del Ministerio Público invocando la necesaria publicidad de las carpetas investigativas.
Desde la perspectiva de la naturaleza de la información solicitada, ahora el Consejo resuelve que un ciudadano tiene derecho a que la Administración le entregue antecedentes que no son actos administrativos que produzcan efectos jurídicos terminales, relacionados con la tramitación de una modificación a la ley sobre alta dirección pública. Y ocurre que tales antecedentes están cubiertos por ámbitos de reserva legal, ya que afectan tanto el cumplimiento de las funciones del Ministerio Secretaria General de la Presidencia como la necesaria esfera de privacidad de las opiniones, conversaciones, estimaciones, intereses sopesados o posturas del ministro responsable en el Ejecutivo de la tramitación de los proyectos de ley y, por cierto, de los parlamentarios.
Desde la perspectiva del continente o del canal electrónico usado por el ministro para comunicarse y cumplir tado es el enemigo, sino de entender que su esfera de acción es limitada y debe consistir en proveer el marco institucional para que podamos aspirar a una existencia feliz. En el caso de personas adultas, esto supone tratarlas como tales, no como a niños que necesitan ser reformados y a los cuales se les debe enseñar paso a paso el camino correcto. El efecto insoslayable de ese voluntarismo será hacer irresponsables a las personas, al quitarl e s a ut onomía y s ust i t ui r su iniciativa por la del Estado, negándoles de paso el reconocimiento de sus potencialidades y su dignidad. Además, actuar de esa forma desconoce una realidad esencial: la vida y la experiencia son mejores maestras que un grupo de burócratas que puede terminar haciendo experimentos, a veces crueles, con sujetos de carne y hueso. Una gran tentación de quien ejerce autoridad es creerse un sabelotodo capaz de decidir como un padre bienintencionado, pero que finalmente muestra toda la delicadeza de un elefante en la cristalería. El antídoto más poderoso para no sucumbir a ella es recordar la regla de oro de la democracia: las autoridades son responsables ante los ciudadanos, no al revés. funciones como colegislador, el Consejo estima -sin base jurídica sólida- que la garantía constitucional de la “inviolabilidad de toda forma de comunicación privada” - o de servidores y correos electrónicos institucionales- debe ceder ante una necesidad de transparencia, afectándose directamente la confidencialidad que protege las comunicaciones digitales.
Está en juego el equilibrio idóneo de garantías fundamentales. Para impedir que el Consejo de Transparencia siente este errado precedente, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene la palabra. Además de evitar que se vulnere la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución (ahora proyectada a los e-mail), y recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la suya propia, al igual que en enero del 2011, confiamos que la corte estime que la información solicitada no necesita ser develada; que la gestión de este ministerio no vulneró los principios de la Ley de Transparencia; que el derecho de acceso reclamado no fortalece la transparencia de la función pública ni reduce posibles ámbitos de corrupción, y que el Consejo debe exigir concurrencia de un interés legítimo en los peticionarios para evitar que se presenten casos de abuso del derecho de acceso.