LA FIESTA FISCAL
“Luego vino el turno de Andrés Velasco, que se caracterizó por un gran aumento del gasto fiscal”.
CÓMO se explica que de un Fisco sin grandes ingresos del cobre y con capacidad de ahorro hayamos pasado a un Fisco que, enriquecido como nunca antes por los mayores ingresos del cobre, no tiene capacidad de ahorro y además plantea la necesidad de aumentar sus ingresos mediante una reforma fiscal?
La historia fiscal reciente indica que, a comienzos de la década pasada, bajo la conducción del ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, se creo la regla de superávit estructural que planteaba que el Fisco gastaría en función de sus ingresos de largo plazo y que éste mantendría, en promedio, un ahorro equivalente al 1% del PIB. En aquel entonces se estimaba que los ingresos tributarios de la minería serían muy bajos, ya que el precio de largo plazo que se proyectaba para el cobre era un tercio de lo que se estima hoy.
Luego vino el turno de Andrés Velasco, que se caracterizó por un gran aumento del gasto fiscal. En efecto, cuando éste asumió, el gasto fiscal representaba 20% del PIB y cuando se fue se había expandido al 25% del PIB. Peor aún, el manejo fiscal fue muy poco prolijo y la regla de superávit estructural experimentó se- rias alteraciones. Si bien es cierto dejó ahorros fiscales por US$ 15.000 millones, durante su período a cargo de Hacienda el Fisco recibió más de US$ 43.000 millones en ingresos provenientes de la minería.
Más tarde, con el gobierno de la Coalición, Felipe Larraín entró a ordenar las finanzas públicas. Así, partió creando una comisión de hombres capacitados que transparentara los ingresos y gastos fiscales del período anterior. El resultado fue que el déficit fiscal no era 1,2% del PIB en 2009, sino que 3,1%. Luego, se comprometió a generar un déficit fiscal estructural de 1% hacia el 2014 y se estableció, como regla general, que el gasto público crecería menos que el crecimiento de la economía. Ni en el programa de gobierno ni después de haber transparentado las cuentas fiscales se escuchó al equipo económico hablar de la necesidad de mayores ingresos fiscales estructurales. De hecho, la reconstrucción del país tras el terremoto requirió de mayores recursos fiscales transitorios, y así fue como se subió el impuesto a las empresas en tres puntos porcentuales en 2011 y en 1,5 en 2012.
Es en este contexto que no se explica el anuncio de la necesi- dad de una reforma tributaria para aumentar la recaudación en forma permanente. La propuesta, en lo esencial, haría aumentar el impuesto a las empresas de 17% a 20%, lo que implicaría una mayor recaudación fiscal del orden de US$ 1.200 millones. Esto significaría una transferencia de ingresos desde el sector privado al sector público por el equivalente al 0,5% del PIB. La primera consecuencia de ello sería una disminución en la tasa de ahorro nacional, ya que las empresas y hogares mantendrían, en gran parte, su nivel de gasto, y el Fisco lo aumentaría dado sus mayores ingresos. El problema es que ya en 2011 la tasa de ahorro nacional fue 23,4% del PIB y la tasa de inversión del país 24,6%, lo que significó un endeudamiento con el exterior de 1,2%. Peor aún, para este año, sin reforma tributaria, el Banco Central proyecta que la dependencia del ahorro externo sería cerca de 3,4% del PIB. Si le agregamos el 0,5% de disminu- ción del ahorro, el endeudamiento externo sería cercano a 4% del PIB. Este exceso de gasto obligaría al Banco Central a subir más rápido la tasa de interés, con la consecuente entrada de capitales y la revalorización del peso chileno. Así, el resultado macroeconómico de la reforma tributaria sería una expansión del gasto, una reducción del ahorro, mayores tasas de interés y una moneda más apreciada.
Resulta paradójico que, habiendo aumentado en forma tan significativa los ingresos fiscales producto del boom del cobre, el Fisco requiera aún más ingresos. El año pasado Chile recibió más de US$ 10.000 millones en ingresos provenientes del cobre, equivalentes al 4% de los ingresos totales del país. Esta contribución de la minería era impensada a comienzos de la década pasada. Si bien todavía tenemos cerca de un 15% de la población en situación de pobreza y muchas necesidades sociales en vías de resolverse, la pregunta es si un menor ahorro nacional, tasas de interés más altas y una pérdida adicional de competitividad de nuestro sector exportador y de nuestra industria sustituidora de importaciones, es la forma más inteligente de resolver estos problemas.