¿Excepcionalidad militar?
AS NOTICIAS sobre el mantenimiento del avión de la Fach siniestrado en Juan Fernández han puesto sobre el tapete el tema del secreto militar. Este tópico es parte de uno mayor: la excepcionalidad militar.
Para comenzar por los secretos, como bien ha dicho este diario, éstos existen no para proteger a las instituciones armadas, sino a la defensa nacional. Ello es compatible con la democracia y, si se entiende correctamente, con los derechos humanos. De hecho, los tratados internacionales permiten restringir las libertades civiles, entre otros motivos, en aras de la seguridad nacional, pero siempre que ello sea estrictamente necesario, que la limitación impuesta sea proporcional a las exigencias de la situación, y que sea compatible con los principios de una sociedad democrática.
La información sobre el estado del avión que transportaba a una mayoría de civiles no calza con esos crite- rios. Si la Fuerza Aérea actuó con negligencia o torpeza -lo determinará el juez-, que ello se sepa y corrija contribuye a que cumpla mejor sus funciones. Además, los familiares de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre lo ocurrido y, si se justifica, a obtener reparaciones por el daño sufrido.
Sobre el problema más amplio de la excepcionalidad militar, Chile tiene mucho trecho por recorrer. A medida que la sociedad y la democracia evolucionan, las fuerzas armadas se ven compelidas también a cambiar, pero avanzan con el freno de mano puesto, constreñidas por su historia, su jerarquización y su enclaustramiento social. Sabemos que las instituciones de la defensa nacional no sólo mantienen una función y estructura especiales, sino que, además, tienen un sistema presupuestario y de seguridad social, así como escuelas, universidades, hospitales, tribunales y conjuntos de vivienda que le son propios. En otras palabras, han vivido históricamente aisladas del resto de la sociedad. Más aún, existen conocidos prejuicios recíprocos entre el mundo civil y el militar. Todo ello es atribuible al conjunto de la sociedad, no sólo a los uniformados.
No se puede dejar de mencionar la responsabilidad de los militares por las condenables violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Aún vivimos las dolorosas secuelas de esos crímenes. Las nuevas generaciones de mandos castrenses han ido dando pasos para retornar a las Fuerzas Armadas a su función tradicional dentro de nuestra institucionalidad. Pero aunque ello se lograra plenamente, todavía quedarían pendientes muchos cambios.
Algunas cosas tienden a evolucionar, lenta e insuficientemente, como la doctrina sobre la obediencia de las órdenes superiores o la competencia excesiva de los tribunales militares. No obstante, un país que aspira a ser desarrollado requiere bastante más: que el mundo militar se someta al poder civil plenamente. Esto es, que no sólo adhiera a una práctica democrática, sino que lo haga con íntima convicción. Ello se irá consiguiendo en la medida que se emprenda un esfuerzo dual de aggiornamento e integración por parte de las propias Fuerzas Armadas y de la civilidad.