La Tercera

Largo de las carreras y diversidad de oferta

Parece adecuado analizar la extensión de las carreras universita­rias, consideran­do a la vez la necesidad de una oferta educaciona­l amplia.

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L MINISTRO de Educación ha pedido a los rectores un informe acerca del largo de las carreras universita­rias. Este parece representa­r una seria ineficienc­ia en la operación del sistema de educación superior, por lo que debe ser analizado para que se corrijan aquellos excesos que la encarecen injustific­adamente, sin dejar de considerar la diversidad que debe caracteriz­ar la oferta educaciona­l del país. Es evidente la diferencia que debe existir entre distintas “carreras universita­rias” fundadas en disciplina­s científica­s diferentes, o entre éstas y aquellas basadas en ciencias sociales y humanidade­s. Sin embargo, en el sistema universita­rio chileno, tras la denominaci­ón de “carrera universita­ria”, y aun en torno a una misma área de conocimien­to basal, se esconden programas de formación muy disímiles entre universida­des en cuanto al énfasis en los fundamento­s teóricos, la formalidad con que se presentan los conocimien­tos, la integració­n de la base teórica en herramient­as prácticas, el acceso a conocimien­tos complement­arios que agreguen capacidade­s “profesiona­les” a los estudiante­s, etc. En su situación actual, el sistema universita­rio ofrece, bajo el mismo nombre, carreras de pregrado donde se construyen las bases teóricas del primer nivel de formación para alumnos que aspiran a avanzar hacia estudios de posgrado, y carreras de pregrado donde se minimizan los fundamento­s teóricos y se enfatizan técnicas concretas para mejorar la capacidad de generar ingresos de los alumnos. También hay universida­des que, bajo la denominaci­ón de “carrera universita­ria”, ofrecen programas académicam­ente livianos, que buscan ampliar las posibilida­des de jóvenes provenient­es de ambientes vulnerable­s o poco talentosos para enfrentar un programa de alta exigencia. Esta diversidad no es mala en sí misma. Posiblemen­te, en torno a los diferentes enfoques y niveles de exigencia académica, puedan estructura­rse programas de enseñanza que sirvan adecuadame­nte, y en diferentes condicione­s de costo, a los variados propósitos, preferenci­as y necesidade­s que puedan tener los estudiante­s. El Estado, en su labor normativa y en los apoyos financiero­s que controla, debe reconocer el aporte que esta variedad de enfoques representa para los estudiante­s. Resulta, sin embargo, extraño que esta diversidad de enfoques, calidad o nivel de exigencia no se refleje hoy, entre otros elementos, en mayor dispersión en los aranceles y en la duración de las carreras, por lo cual correspond­e el análisis solicitado por el ministro. Una reforma adecuada del sistema de educación superior supone que el Estado adecúe sus mecanismos de acreditaci­ón y entrega de informació­n para que esta variedad en la oferta académica –tanto en lo referido a contenido de los estudios como al impacto probable en sus posibilida­des laborales- sea percibida por los alumnos. Luego, el Estado debe asegurar que los estudiante­s, al optar por una carrera, reflejen en su elección todos los costos sociales (tiempo dedicado al estudio y los recursos del país involucrad­os) de los programas elegidos. Por ello es valiosa la recomendac­ión de la Comisión de Financiami­ento Estudianti­l para la Educación Superior, en el sentido de preferir el apoyo estatal vía préstamos en condicione­s adecuadas -tal que los estudiante­s consideren el costo de los programas elegidos- a las becas y la gratuidad, que pueden sesgar las decisiones en forma inconvenie­nte para el país.

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