Lucha por el acceso a los medicamentos

quedará nada que defender si perdemos”, es la suplicante voz de Leena Menghaney, activista de la ONG Médicos Sin Fronteras, en su batalla contra la prolongación de la patente farmacéutica para Gleevec -medicamento considerado un gran avance para el tratamiento de enfermos que padecen una mortal forma de leucemia-, de la multinacional farmacéutica Novartis.

La batalla se desarrolla ante la Corte Suprema de India y su desenlace puede resumirse en dos escenarios posibles. Si la posición de Médicos sin Fronteras pierde y Novartis gana –sombrío escenario que vislumbra Menghaney–, el tratamiento con Gleevec podría costar cerca de US$ 70 mil anuales –unos $ 35 millones–, como ocurre en EE.UU. Una desoladora frontera entre la vida y la muerte para los enfermos que no pueden pagar estos precios.

Por el contrario, si la posición de biendo enfrentar la competencia de versiones genéricas o similares, cuyo bajo costo provocaría una caída generalizada en los precios.

Las patentes farmacéuticas se otorgan a medicinas nuevas, como premio a quien ha invertido en su investigación y desarrollo, pero por un tiempo limitado. El quid del caso indio es si Gleevec –que no es una droga nueva– ha mejorado realmente su efectividad para prolongar su patente conforme a la ley de India o bien se le han practicado cambios menores para perpetuarla. En este último caso, la norma india, con razón, puede denegar la patente.

La disputa, cifras e intereses en juego han sido informados y documentados recientemente por el New York Times. Este medio consigna que la administración Obama –en línea con la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, principal grupo de lobby de la industria– estaría presionando al gobierno de India para ceder en la disputa y que tal vez temerosa de que una normativa como la india se replique en otros países, la Casa Blanca busca que las naciones que negocian el nuevo Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) –Australia, Chile, EE.UU., Malasia, Nueva Zelandia y Perú, entre otras– acuerden que en situaciones similares a las de Gleevec se deba prolongar la respectiva patente. En efecto, Chile no escapa a esta influencia.

Si EE.UU. logra el propósito que consigna el New York Times, ya sabemos lo que nos espera. Medicamentos caros e inaccesibles por más tiempo para gran parte de nuestra población y adicionalmente, una feroz tribulación para nuestro alicaído sistema público de salud y su endeudada Cenabast. No se divisa, por tanto, razón sanitaria alguna que pueda justificar una decisión de este tipo.

Comercialmente, tampoco parece haber razones válidas. Chile mantiene acuerdos de libre co- mercio con países y bloques comerciales que hoy representan el 85% del PIB mundial y que nos han permitido alcanzar la posición de privilegio de la que hoy gozamos. Así, no parece sensato modificar algunos de ellos –en particular el primero y más importante de todos, con EE.UU.– por otros acuerdos cuya ventaja es incierta.

Y ese es hoy el mayor problema. No se sabe cuánto podría afectar el TPP nuestro nivel de acceso a medicinas, ni a cambio de qué, dado que Chile negocia el TPP en un contexto de total hermetismo. Los términos de la negociación, así como los informes técnicos que le puedan dar sustento –si existen– hoy permanecen bajo una incomprensible confidencialidad, impropia de los estándares de transparencia imperantes en el país.

Pero. sin duda, a diferencia de lo que le ocurre a Médicos sin Fronteras en la encrucijada india, en Chile nos queda aún mucho que defender.