HOY EN LA HISTORIA

E ACUERDO a antecedentes emanados del gobierno, habría concluido la investigación que llevó a cabo el Ministerio del Interior en relación a presuntos fraudes cometidos para la obtención de beneficios otorgados a exonerados de empresas públicas durante el régimen militar. La gravedad de los antecedentes conocidos amerita una investigación en profundidad de los tribunales de justicia para determinar y sancionar las responsabilidades de los involucrados en este caso, la revocación de los beneficios obtenidos y el inicio de las gestiones para recuperar los recursos públicos mal habidos. A raíz de denuncias recibidas por las autoridades y también los casos exhibidos en un reportaje investigativo en televisión, el gobierno inició un examen de las pensiones entregadas al amparo de esta ley que beneficia a quienes alegan haber sido despedidos de empresas públicas por razones políticas durante el régimen militar. Para obtener esos beneficios se requería presentar declaraciones que atestiguaran que la persona reunía requisitos básicos, como haber trabajado en ese período en empresas de propiedad del Estado y haber sido despedido por razones políticas. Estas declaraciones fueron otorgadas por senadores y diputados, al parecer en grandes cantidades en períodos preeleccionarios. La investigación descubrió que del universo revisado de más de 50.000 casos, casi el 20% presentaba problemas e irregularidades, de los cuales, a su vez, el 68% correspondía a pensiones otorgadas sobre la base del patrocinio de parlamentarios. Es ilustrativo el hecho que bastó con cruzar los antecedentes de los beneficiarios para establecer, por ejemplo, múltiples casos de personas que eran menores de edad en la época en que alegaban haber sido injustamente despedidos. Como está de por medio la apropiación indebida de recursos públicos, el Consejo de Defensa del Estado deberá ejercer sus atribuciones legales para perseguir ante los tribunales la responsabilidad de quienes cometieron fraude para obtener una pensión o declararon falsamente sobre terceros. Adicionalmente, acreditada la falsedad de los antecedentes que soportaron su otorgamiento, deberían ser revocadas las pensiones mal otorgadas y perseguida la restitución de los fondos pagados. La realidad conocida a través de este caso revela que las condiciones para acceder al beneficio y el procedimiento establecido para acreditar su cumplimiento no fueron bien reguladas en la ley y han dado espacio para su mala utilización, situación que debería motivar una profunda investigación de todos aquellos beneficios y pensiones que hayan sido otorgados bajo esquemas análogos. Las herramientas de manejo de datos que otorga la tecnología actualmente deberían, además, permitir revisiones y cruces que faciliten la detección de fraudes semejantes. Un aspecto sobre el que también debería realizarse una investigación es la participación que tuvieron los parlamentarios en estos hechos, por la gravedad que significa que quienes están mandatados constitucionalmente para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos aparezcan, a lo menos, facilitando que terceros los cobren indebidamente. El hecho de que puedan aparecer involucrados diputados o senadores de todos los sectores no debería inhibir el impulso dado por el gobierno a estas investigaciones hasta ahora. Nace Joseph Ratzinger. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en la actualidad, el Papa Benedicto XVI, nació el 16 de abril de 1927 en el seno de una familia alemana de agricultores. Cuenta una de sus anécdotas que cuando tenía cinco años, Ratzinger asistió a una ceremonia de bienvenida al arzobispo de Munich, en la que asombrado por el atuendo del prelado, dijo que al crecer quería ser como él. Siguiendo este impulso y apoyado por sus padres, inició su vida de seminarista justamente cuando el nazismo estaba en auge en Alemania. Finalizada la II Guerra Mundial, entre 1946 y 1951 estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Munich, y el 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote. Después de una destacada carrera en universidades alemanas, Ratzinger asistió como asesor del cardenal Frings al Concilio Vaticano II, destacándose como un gran teólogo, defendiendo postulados innovadores para la Iglesia en esa época. A mediados de la década del 60, a raíz de la expansión de movimientos de corte marxista y liberal, adoptó una posición más conservadora, marcando distancia con otros teólogos de la época. En 1982, Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A partir de entonces, Ratzinger se mostró contrario a la Teología de la Liberación que estaba en auge principalmente en América Latina. Cuando Juan Pablo II falleció, Ratzinger era decano del Colegio Cardenalicio. Su elección como máxima autoridad de la Iglesia Católica se definió el 19 de abril de 2005. (