Debate en serio sobre aborto
L GOBIERNO ha anunciado el envío de un proyecto de ley que regule la actividad del lobby, lo que es una buena noticia, porque se necesita en Chile una norma de este tipo. La representación de legítimos intereses particulares es una actividad profesional muy avanzada en la mayoría de los países democráticos con un cierto nivel de desarrollo.
Sin embargo, sin un estatuto que la formalice, esta actividad es vista con sospecha y se confunde con conductas reprochables, como tráfico de influencias o la presión que el dinero puede ejercer sobre la política cuando se dan ambientes de opacidad en la toma de decisiones en el aparato público. Nada más conveniente para quienes hacen lobby profesionalmente que cerrar la puerta a quienes intentan traficar con “contactos” o, peor, quieran presionar de cualquier manera a la autoridad.
En el mundo hay dos modelos de regulación del lobby reconocidos: uno se enfoca en el lobbysta, y el segundo en la transparencia de las decisiones públicas. Creemos que el proyecto original ponía casi exclusivo énfasis en la regulación del privado, lo que debiera corregirse, pues es más eficiente hacer más transparentes las decisiones de la autoridad política, y más accesible la información relevante al ciudadano y medios de comunicación. En definitiva, lo que el bien común requiere es que exista un alto grado de escrutinio sobre las decisiones de la autoridad pública.
Son tres los principios fundamentales que creemos debe contemplar la regulación del lobby. Primero, se debe regular la actividad misma; vale decir, cualquier persona o entidad que represente intereses particulares ante una autoridad que debe tomar una decisión de alcance general tiene que estar sujeto a la legislación que regula el lobby, sin importar el título bajo el que lo hace (abogado, gerente, director de empresa, ONG, dirigente gremial/social, empresa de lobby, centro de estudios, etcétera).
En segundo lugar, la regulación del lobby, como señalamos, debe tener un foco prioritario en aumentar el grado de transparencia y responsabilidad de las decisiones públicas. La publicidad de las agendas debe estar más institucionalizada y alcanzar no sólo al Ejecutivo y Legislativo, sino también a otros órganos que también son o pueden ser sujeto pasivo de lobby en determinadas circunstancias. Así, el establecimiento de un procedimiento formal de sanciones al funcionario que omita levantar información en esta y otras materias relacionadas es fundamental. Chile ha avanzado, pero es el momento de dar un paso más en la dirección correcta.
Por último, la transparencia debe perfeccionarse en el ámbito de los conflictos de interés, de forma que sea simétrica para el Estado y los particulares con intereses frente a una regulación, tal como hoy podemos acceder a una amplia documentación pública mediante la Ley de Transparencia. Toda presentación entregada a un parlamentario o comisión del Congreso relativa a un proyecto de ley debiera ser por esencia pública.
El debate debe ser abierto y pragmático. Hay que evitar que el interés de algunos por no quedar comprendidos por las normas que se aplican al lobby prime sobre el interés general, y promover que aprovechemos esta oportunidad de contar con una ley eficaz y que sea un aporte en la transparencia del Estado. UN cuando ya han transcurrido 10 días desde que la mayoría del Senado rechazó tres proyectos de ley que pretendían legalizar varias hipótesis de aborto, todavía se sienten los ecos de esa decisión. Han seguido las críticas a los que votaron en contra.
Esta circunstancia no puede sorprender. Ninguna decisión parlamentaria, sea en un sentido o en otro, a favor o en contra de la legalización del aborto, tendrá el efecto de silenciar los argumentos de quienes pierdan la votación.
Tengámoslo claro, el tema no se ha cerrado en Chile, así como tampoco se cerró en aquellos países donde la mayoría que se impuso, en sede legislativa o judicial, fue más bien partidaria de legalizar el aborto (pienso en la polémica norteamericana sobre el tema, todavía candente, 39 años después que el fallo “Roe v. Wade” de la Corte Suprema supuestamente zanjó el asunto).
Convencido como estoy de que esta discusión continuará, quiero hacer una precisión que estimo relevante, a fin de evitar caricaturas que no ayudan en nada a un debate en serio.
Algunos han intentado presentar la determinación de la mayoría de la corporación como un portazo al diálogo. Para tal efecto, se repite que quienes votaron en contra de la “idea de legislar” habrían dejado en claro su incapacidad o falta de voluntad para deliberar sobre este tema. Veamos.
Comencemos por despejar un primer equívoco. La votación que llevó adelante el Senado no es el puntapié inicial para una reflexión académica sobre un tema. Lo que se discutía y decidía el 4 de abril pasado era si el Senado hacía suyas o no las ideas matrices de los proyectos de los senadores Escalona, Rossi y del ex senador Ominami, etc. Ni más ni menos que aprobar o rechazar en general. De haberse aprobado, quedaba clausurada la posibilidad de corregirlo con indicaciones que escaparan a las ideas matrices respectivas. Como es obvio, los parlamentarios que se oponen a dichas ideas tenían el derecho, y el deber con sus representados, de votar de acuerdo a su conciencia.
Lo que sí se les puede exigir en nombre del diálogo democrático, por supuesto, es que a la hora de votar den razón argumentada de su opción.
Un cierto maniqueísmo pretende hacernos creer que los únicos que dieron razones fundadas fueron los partidarios de los proyectos de aborto. Los oponentes habrían actuado a base de prejuicios de raíz religiosa.
¿No será más realista admitir que el fanatismo está repartido transversalmente y así como hay talibanes integristas, también existen los intolerantes del “progresismo”?
Lo otro que es indispensable recordar es que esta votación no abortó, permítaseme la expresión, un debate no nato.
Los proyectos en cuestión, presentados hace unos dos años, habían sido objeto de extenso estudio y debate en la Comisión de Salud del Senado. En el curso de seis sesiones, dicha instancia escuchó a distintos representantes de la sociedad civil.
Y así como la sala del Senado dedicó ahora cuatro sesiones al tema, no me cabe duda que este asunto volverá a discutirse. Pueda ser que lo hagamos sin tantas caricaturas.