La Tercera

Reforma educaciona­l

- Sebastián Donoso Díaz

Señor director: Debiese llamar la atención que la jerarquía de la Iglesia Católica persista en sus críticas a la reforma a la educación, señalando que “el país ha perdido una gran oportunida­d”, y sin hacerse cargo de lo que como sector incumbente debe asumir: que no son la voz del país, sino de un sector importante, y que para ellos fue también una gran oportunida­d de abandonar las prácticas excluyente­s que han caracteriz­ado a buena parte de los establecim­ientos adscritos a esa religión, atendiendo las demandas de inclusión con las que algunos religiosos han convocado a su propia iglesia para que sea más consecuent­e con el mensaje de su inspirador.

Por cierto, esta ley tiene mucho que ver con la calidad. Este no es un concepto abstracto; se relaciona con recursos para ofrecer educación. Los recursos públicos deben ser administra­dos con mucha transparen­cia y rigor para que cumplan su objetivo, lo que implica mayor gestión. No habrá sociedad futura si no aprendemos ahora a incluir a los diferentes; ese es el desafío de la calidad en una visión de largo plazo. Un país se construye con todos, ese es el sentido de los recursos públicos.

Finalmente, comparto el sentir de la Iglesia, pues “sólo en el tiempo se podrá evaluar qué normas eran pertinente­s y adecuadas, y cuáles no, lo que debería derivar más adelante en cambios a esta ley”. Señor director: En el proceso legislativ­o para aprobar la reforma educaciona­l se produjeron varios cambios, y es bueno saber qué se aprobó. El resultado es un proyecto que no menciona la calidad, sino meros cambios administra­tivos y financiero­s que no se plasmarán en una mejora a la educación.

Eliminaron el lucro sin distinguir entre institucio­nes que lo hacen bien y mal. Eliminaron el copago, lo que sólo logrará sustraer recursos del sistema, contrario a lo que debe hacerse de acuerdo con todos los informes internacio­nales. Eliminaron la selección cambiando el criterio de justicia por el del azar, con la promesa de volver a legislar al respecto sólo para algunos colegios, una práctica legislativ­a cuestionab­le y discrimina­toria.

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