No debe ser fácil encontrar en el mundo de hoy a un gobierno que desee y necesite esconder la evidencia de una baja de la pobreza.
Cosas tan importantes para el país como la disminución de la pobreza no escapan de la “miseria” política.
EL GOBIERNO dilató durante seis meses la entrega de los resultados de la última encuesta Casen. No hubo razones “técnicas” para justificar la demora; más bien, una banal consideración política: la actual administración no quería entregar evidencia oficial que confirmara un descenso de la pobreza durante los años en que gobernó Sebastián Piñera. Finalmente, se vio forzada a publicar las cifras antes que la Cepal entregara sus propios datos, confirmando la baja en dicho indicador.
La puesta en escena del Ejecutivo fue de antología: una conferencia de prensa programada para un sábado a la hora de almuerzo; avisada a último minuto a los medios de comunicación; acompañada de la instrucción expresa desde La Moneda a sus partidarios de no comentar los resultados y, lo más notable, con el silencio sepulcral de la Presidenta Bachelet respecto del principal indicador social del país. En los hechos, un gobierno respirando por la herida ante una constatación en verdad muy “dolorosa”: en base al mismo instrumento que Chile ha usado desde hace un cuarto de siglo, la pobreza disminuyó significativamente durante el gobierno de Piñera, contrastando con los pobres resultados de la primera administración Bachelet en la materia.
No hubo entonces motivos de alegría ni satisfacción oficial. La baja de la pobreza chocó con la “miseria” de un gobierno para el que los logros del país parecen no existir si no ayudan a alimentar las rentabilidades de un sector político. Los avances que Chile ha tenido en estas y otras áreas dejaron ya de ser de todos, fruto del trabajo compartido de varias generaciones en función de objetivos comunes. Ese país ya no tiene cabida en la actual lógica. Ahora nos encontramos, de nuevo, en un campo de batalla donde está terminantemente prohibido reconocer éxitos nacionales si estos corren el riesgo de ser compartidos por más de una administración y, peor aún, si ellas son de distinto signo.
No debe ser fácil encontrar en el mundo de hoy a un gobierno que desee y necesite esconder la evidencia de una baja de la pobreza. Pero es, sin duda, consistente con el clima político que se ha instalado en los últimos años. En efecto, no hay ideología “progresista” que pueda resistir sin arcadas que las condiciones sociales mejoren bajo un gobierno de derecha. Es innegablemente “vomitivo” para la matriz cultural que de nuevo busca imponer un dique ético entre los intereses públicos y los privados, entre las bondades del Estado y el egoísmo del mercado.
Las indecencias del caso Penta ayudan, sin duda, a este propósito; sobre todo, cuando contribuyen a que los aportes de campaña de muchos otros grupos económicos queden ocultos bajo la alfombra. La razón, los chilenos la conocen de memoria. Es la misma que permite ahora aprobar con bombos y platillos el fin del lucro en los colegios subvencionados, mientras muchas universidades privadas siguen lucrando a vista y paciencia de las autoridades, es decir, violando una ley vigente hace más de 30 años.
En definitiva, la entrega de los datos de la última Casen se transformó en un incidente penoso, pero a la vez sintomático; reflejo fiel de este “nuevo ciclo”, donde cosas tan importantes para el país como la disminución de la pobreza no escapan de la “miseria” política, a un modo de entender el mundo donde avances relevantes como el hecho público, a la fuerza hace una semana, sólo merecen un impúdico silencio.