Sobre el aborto
EL GOBIERNO ha dado a conocer una iniciativa que busca la “Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”. Estaba anunciado en el programa de la Presidenta Bachelet y, por lo mismo, había perfecto título para presentarlo.
En lo personal, en todo caso, considero que el proyecto indicado es innecesario y peligroso. He dado a conocer, públicamente, mis razones para pensar de esa manera. Lo hice antes de la elección presidencial (cuando, en el debate legislativo de una iniciativa similar en 2011, elaboré un documento para los senadores DC); lo hice –también- durante la campaña (en el marco de la discusión programática de la Nueva Mayoría) y lo dije, finalmente, el año pasado (suscribiendo junto a Soledad Alvear y otros, una declaración publicada en este mismo diario).
En esta ocasión, más que volver a formular mis razones sobre el fondo, me gustaría detenerme en la polémica que se ha suscitado a propósito de la cláusula del proyecto que permitiría a un médico abstenerse de participar en los abortos despenalizados “cuando hubiera manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa”. Como se sabe, este punto ha dado lugar a un intenso debate. Mientras el rector de la UC ha manifestado que, en razón de los principios que definen a esa universidad, los centros médicos ligados a ella no practicarán abortos, hay quienes han señalado que, dado que la objeción de conciencia es el reclamo que hace un individuo contra una ley que violenta sus convicciones morales más profundas, no cabe que la invoque una corporación. Algunos, incluso, han señalado que las instituciones que se rehusaran a practicar este tipo de abortos debieran perder todo tipo de aporte o apoyo estatal.
La polémica parte de una confusión contenida, desgraciadamente, en el propio proyecto. Lo que la Presidenta Bachelet comprometió, y presentó, es un proyecto para “despenalizar” ciertas hipótesis muy excepcionales de interrupción voluntaria del embarazo. La idea que subyace es que, en esos casos calificadísimos, el uso de la pena penal –con todo lo que ella implica- resulta desmedido, contraproducente o cruel. Despenalizar no significa, sin embargo, que una conducta que hasta ayer era delito, pasa a ser ahora, un derecho fundamental que impone a toda persona, institución o grupo, estatal o privado, el deber de colaborar y prestar satisfacción a la decisión de abortar. Despenalizar, en suma, significa pasar de lo absolutamente prohibido, no a lo obligatorio, sino que a lo condicionadamente permitido (a la mujer que quiera, al médico que acepte y a la institución que le interese). Por lo mismo, la referencia del proyecto a la objeción de conciencia está fuera de lugar. Sería congruente, sí, con un proyecto de reforma constitucional que reconociera a todas las mujeres el derecho fundamental a decidir sobre la continuación o interrupción de sus embarazos. En esa hipótesis, sí podría ser útil explicitar una salida para el facultativo que tiene reservas morales con el aborto. Pero ese sería un proyecto muy distinto al que la Presidenta incluyó en su programa. Despenalizar significa pasar de lo prohibido a lo condicionalmente permitido. Por ello la objeción de conciencia en el proyecto está fuera de lugar.