Dudas sobre rol del Ministerio de la Mujer El enfoque ideológico que subyace a esta nueva institucionalidad no contribuirá a superar la desigualdad de oportunidades.
EN MEDIO del debate que se ha producido en torno a las reformas tributaria, laboral y educacional, pasó casi inadvertida la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La iniciativa, que transforma el actual Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) para crear esta nueva repartición, cambia radicalmente la institucionalidad dedicada a fortalecer la posición de la mujer en todos sus ámbitos, cuya inspiración parece apuntar más hacia consagrar una agenda ideológica antes que promover la superación de las desigualdades entre hombres y mujeres.
Crear este ministerio no parece justificado. El Sernam —que con la nueva ley no desaparece, sino que pasa a ser un organismo encargado de la difusión de políticas orientadas a la equidad de género— venía desempeñando una labor activa, y ha sido evidente que en los últimos años el país ha dado pasos sustantivos en reducir las discriminaciones en contra de la mujer. La insistencia de crear un ministerio —que ciertamente no traerá la visibilidad que sus promotores pretenden frente a otros ministerios “estratégicos”— parece responder a categorías ya superadas. Así, no parecería sensato que la protección a los menores de edad, o las políticas hacia el adulto mayor, se verían mejor resguardadas transformando los respectivos servicios en ministerios.
Tampoco parece razonable que esta nueva cartera no incluya dentro de sus políticas a los hombres. Con este vacío difícilmente se logrará el cambio cultural que se pretende, y mientras esa lógica dicotómica no se supere, persistirá la desigualdad de oportunidades.
El propósito del nuevo Ministerio no se limita sólo a un cambio de estructura administrativa, sino que da un giro en el objetivo y el enfoque que se había seguido hasta ahora con el Sernam. Este tenía como principal misión el diseño y ejecución de planes y programas des- tinados a que la mujer goce de iguales derechos y oportunidades que el hombre, tomando en cuenta todos los ámbitos en los cuales la mujer se desenvuelve, tanto laboral como familiarmente. La nueva institucionalidad pone el eje exclusivamente en la igualdad de derechos entre hombre y mujer y en la equidad de género, eliminando toda referencia a la familia y su fortalecimiento. Esta mirada resulta perjudicial, pues difícilmente la mujer logrará una participación exitosa en el campo de la política, la actividad sindical o social, o en su propio desarrollo profesional, si la acción del Estado ignora la protección y refuerzo de la familia.
Llama la atención que se busque transformar en ministerio un servicio que en general ha cumplido su rol, porque en la medida que la gestión va siendo exitosa, la institución debería tender a extinguirse —una vez que se logre la plena igualdad carece de sentido mantener esta institucionalidad—, pero el proyecto creará una estructura cada vez más densa y destinada a perpetuarse. Parece obvio que terminar con un servicio sería más simple que hacerlo con un ministerio, pero al insistir en crear esta estructura surgen legítimos cuestionamientos sobre si el verdadero objetivo de fondo es promover la igualdad de derechos de la mujer.
En cuanto a la equidad de género, el proyecto entrega una definición de ésta que más bien confunde. En general, este concepto se ha entendido tradicionalmente como el tratamiento justo, con ausencia de discriminación, que debe existir hacia ambos sexos, respetando sus diferencias. Sin embargo, y para tratar de circunscribir el concepto sólo al ámbito femenino, el proyecto lo restringe a la ausencia de discriminación en contra de la mujer, respecto al goce y ejercicio de sus derechos humanos, definición que resulta ambigua y que no contribuye necesariamente al objetivo de tener una mirada integral de la mujer.