Lo anterior implicó las primeras formalizaciones penales del caso.
marzo del mismo año. El fiscal Morales, en su investigación previa y luego de una incautación en las oficinas de la auditora PwC, que trabaja con todas las sociedades cascadas y la minera no metálica SQM, dio sólo con actas del 28 de marzo. Se trata de los llamados “borradores” de las actas del 29 de marzo, como los ha calificado la defensa de Motta, que encabeza el abogado Julián López, y que nunca llegaron a manos de la SVS. Lo mismo sucedió con las actas cuestionadas del 20 de abril de 2011.
El cuestionamiento en las supuestas actas falsas, tiene que ver con la ausencia de información sobre una operación bursátil en- tre Pampa Calichera y Oro Blanco. Las que recibió la SVS, sí contienen esa información y, de hecho, el regulador multó por ellas en la llamada arista “Linzor” de la investigación administrativa. Pese a ello, en su propia investigación José Morales consideró que la eventual manipulación de dichas actas habría perjudicado de todas formas la labor de la SVS.
Y así lo reconoció el regulador en su peritaje, al señalar que la entrega de las actas del 29 de marzo “obstaculizó el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionatoria de esta Superintendencia”. Ello, según explicó la SVS, porque la llevó a la conclusión de que tal operación (Linzor) habría sido aprobada por tres directores, distintos del Sr. Julio Ponce Lerou, lo cual resultó ser un elemento importante para, en un principio, no desarrollar una investigación contra los directores de Oro Blanco y Pampa Calichera (…) y descartar que tales operaciones tenían el carácter de concertadas”.
Asimismo, el regulador dijo en su informe que “las actas recibidas por este Servicio fueron funcionales a las defensas de los señores Ponce y Motta”. Lo anterior, en función de un supuesto d e s c o n o c i mi e n t o q u e h a b r í a planteado la defensa de Ponce sobre la operación, en el marco de la investigación que llevó adelante la SVS en su momento. Sin embargo, la firma de Ponce aparece, según el informe, en todas las actas, salvo en las del 28 de marzo de Pampa Calichera.
El peritaje, sin embargo, no hace referencia al sumario interno y reservado que inició la SVS por la pérdida de actas que se detectó en medio de la solicitud del informe por parte del fiscal Morales. De hecho, en la audiencia de formalización penal, la defensa de Motta planteó dudas sobre ese tema y también sobre la solidez de la conclusión de la SVS en su peritaje. Esto, según la defensa, porque si bien la SVS dice que se “obstaculizó” su trabajo, de todas formas multó por las operaciones cuestionadas, las cuales sí fueron informadas en las actas del 29 de marzo de 2011 que se le entregaron.