Revés político en Perú
LA DEROGACION de la ley laboral juvenil –denominada “Ley Pulpín”- votada por el Congreso peruano el 26 de enero pasado, a un mes de que fuese promulgada, representa una dura derrota política para la administración del Presidente Ollanta Humala, que ya era blanco de múltiples cuestionamientos por los escándalos de corrupción que se han destapado en el último tiempo en ese país. Incluso un asesor de la campaña presidencial del Mandatario se encuentra actualmente prófugo tras ser vinculado a uno de esos casos.
El masivo rechazo que despertó la mencionada reforma laboral, especialmente entre los jóvenes, quienes se opusieron a varias de las medidas de la nueva norma, como la reducción de las vacaciones y el no pago de gratificaciones, supone además un fuerte revés para el Presidente Humala en su intento por introducir políticas de carácter más liberal que sirvan de estímulo para la reactivación de la alicaída economía peruana, y que en el caso particular de esta iniciativa, buscaba dar un impulso al mercado laboral.
La profunda división que provocó esta ley entre los parlamentarios del conglomerado oficialista (Gana Perú) y de su propia colectividad (el Partido Nacionalista), parece complicar aún más la tarea del Mandatario de sacar adelante su agenda legislativa en los 16 meses de gobierno que le quedan, tomando en cuenta que en la actualidad su sector es minoría en el Congreso.
El fuerte rechazo ciudadano a la gestión del gobierno que registran los sondeos de opinión –el nivel de desaprobación llegó al 70% en enero-, y las investigaciones judiciales que se han abierto en contra de la primera dama por distintos delitos, son también factores adicionales que colocan en una cada vez más difícil posición al gobierno de Humala.