Provida desestima prescripción “de los delitos” del caso cascadas
En su demanda contra Ponce, la AFP dice que caducidad corre desde que la SVS formuló cargos.
La AFP Provida desestimó la posibilidad de prescripción de los delitos que se investigan judicialmente en el marco del caso cascadas. Así lo consignó en la demanda - ingresada el martes 3 de febrero al 24º Juzgado Civil de Santiago- que persigue una indemnización de perjuicios por parte de Julio Ponce, controlador de SQM, los gerentes de las sociedades cascada Aldo Motta y Patricio Contesse, y el abogado y asesor de Ponce, Roberto Guzmán Lyon, además de las empresas de inversión en que ellos participan.
La gestora a r g u ment ó que, si bien los ilícitos que se indagan se habrían cometido en 2009, el plazo de cuatro años contemplado por el Código Civil para la caducidad de las acciones legales debe computarse desde el momento en que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos a dichos ejecutivos y sociedades, procedimiento realizado en dos instancias: septiembre de 2013 y enero de 2014.
“Tal como lo adelanta la doctrina que venimos citando, el artículo 2.332 del Código Civil puede ser in- terpretado de un modo literalista, con lo cual se podría producir una situación del todo absurda y contraria al fin de la regulación (…), ya que si fijamos el punto de partida en el hecho del autor o autores del daño, podría quedar la víctima en una situación de indefensión, cuando el daño aún no se ha manifestado”, dijo la administradora en el texto.
Asimismo, Provida descartó negligencias de su parte que permitan concluir que “ésta conocía del esquema (que habría sido ideado por Ponce, sus ex gerentes y asesores para beneficiarse e ir contra el interés social de SQM y las cascadas) antes de la formulación de cargos”.
La AFP, representada por el abogado Enrique Alcalde, se reservó el derecho de discutir la cuantía de la indemnización para la etapa de ejecución de la sentencia del juicio, o bien para una causa distinta.
Las investigaciones del caso cascadas, penales y civiles, buscan establecer la responsabilidad de los directivos y ejecutivos señalados respecto a la creación de un esquema de transancciones irregulares, que les habría beneficiado en desmedro de otros accionistas, según dictaminó una sanción administrativa de la SVS.