Injustificados privilegios a casinos municipales Es lamentable que el gobierno haya terminado cediendo a las presiones de ciertos municipios y consintiera en consagrar ventajas en desmedro de otras comunas.

LA PRESIDENTA Michelle Bachelet envió a tramitación un proyecto de ley en que fija las nuevas condiciones para la operación de los sietes casinos que aún siguen bajo administración municipal, exentos del régimen que establece la Ley de Casinos de 2005. El tema había sido objeto de fuerte controversia, pues dichos municipios —Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales— desplegaron un intenso lobby para extender el actual sistema más allá del 31 de diciembre de este año, fecha en que deberían comenzar a regirse por la nueva legislación. Lamentablemente el gobierno terminó cediendo a estas indisimuladas presiones, pues el proyecto extenderá por largo tiempo los privilegios para estos municipios y sus casinos, consagrando una situación injustificadamente discriminatoria y que violenta el espíritu de la ley.

Conforme al proyecto, el actual régimen se prolongará por dos años más; recién en 2017 estos casinos pasarán a tener dependencia de la Superintendencia de Casinos de Juegos, ocasión en que dichos establecimientos serán objeto de licitaciones competitivas, tal como ocurre con el resto de las salas de juego del país. Hasta entonces, se mantendrá el régimen tributario vigente, según el cual un porcentaje importante de los ingresos va a las arcas de dichos municipios. Una vez que pasen a regirse por el nuevo sistema, el 10% de la recaudación se destinará al fondo del gobierno regional, y como piso el 10% quedará para el municipio. Sin embargo, el proyecto establece que aquel operador que asegure un mayor porcentaje de ingresos al municipio, logrará un mejor puntaje en los procesos de licitación. Ello desvirtúa por completo el espíritu de la licitación contenido en la Ley de Casinos, pues el proyecto triunfador no necesariamente será aquel con la propuesta más competitiva e innovadora. Tal circunstancia, además de ir en contra del interés de los consumidores, aumenta el riesgo de que ocurran situaciones irregulares.

La iniciativa también establece la obligatoriedad de que estas siete comunas tengan asegurado un casino por a lo menos 45 años. Ello resulta inexplicable, pues desvirtúa por completo el sentido de que las comunas de una región puedan competir para ser sede de un casino. La ley actual limita el número de salas de juego por región —con excepción de la Región Metropolitana, que no puede ser sede, y la comuna de Arica, que no tiene esta limitación—, por lo que al añadir una barrera adicional a la competencia se consagra una injustificable discriminación en favor de ciertos municipios. Si en definitiva en la tramitación legislativa de este proyecto se mantiene este privilegio indebido, cuando menos debería ampliarse el límite máximo de casinos en estas regiones, como una manera de compensar al resto de los municipios de la región.

Es una realidad que las municipalidades que poseen casinos financian una parte importante de su presupuesto con cargo a los ingresos provenientes del juego. La ley de 2005 contempló esta situación y por ello dio un plazo de 10 años para que pudieran adaptarse al nuevo régimen. Si en definitiva ello no fue posible, corresponde al Estado buscar la forma de suplementar parte o la totalidad de dichos recursos; lejos de ello, el gobierno optó, en cambio, por ceder a las presiones, consagrando así un negativo precedente que en el futuro podrá ser invocado para solicitar similares privilegios.