Casinos municipales
EL GOBIERNO firmó un proyecto de ley que por una parte prorroga la concesión de los actuales casinos municipales y, por otra, modifica diversos aspectos de la Ley N° 19.995, la llamada “Ley de Casinos de Juego”. Sin embargo, a la fecha dicho proyecto aún no es público y por lo tanto no es posible analizar los detalles de la propuesta.
Cuando se promulgó la Ley de Casinos en 2005, los casinos municipales sabían que sus concesiones se extinguían el 31 de diciembre de 2015. La conducta de los alcaldes de esas comunas fue apostar a que en ese lapso conseguirían que el gobierno ingresara un proyecto de ley para mantener sus concesiones. Es entendible la posición de esos alcaldes. Sin embargo, también hay que considerar a los inversionistas que apostaron a las reglas definidas en la Ley de Casinos, y que bajo ese marco legal esperan que el primer bimestre de 2016 se inicie el proceso de otorgamiento de permiso de operación de los siete cupos de casinos.
Es cierto que no se puede obviar el problema político que significa la incertidumbre de la mantención o no del casino en la comuna, así como el lapso, no inferior a dos años, donde estos casinos no funcionarían, hasta que los nuevos operadores adjudicados estén en condiciones de abrir sus casinos al público, con el consecuente impacto negativo para dichas comunidades.
También se debe analizar la constitucionalidad de una propuesta que consideraría que los permisos de operación se mantienen al menos por 45 años en las actuales comunas. Esta sería una discriminación respecto de otras comunas en que no podría instalarse un casino. ¿Por qué La Serena, Valparaíso, Puerto Montt, no podrían tener la posibilidad de que allí se instale un casino?
Por otra parte, esta prórroga también será un precedente para los permisos de operación otorgados según la Ley de Casinos. ¿Significa entonces que los casinos de la nueva industria se mantienen también por 45 años en las actuales comunas donde se emplazan?
Además, se modificaría el criterio de evaluación de los proyectos que postulan al permiso de operación, considerando la oferta económica que realicen los postulantes. Sin embargo, para que la competencia sea transparente, será esencial que la autoridad a cargo del proceso entregue el máximo de información de las actuales operaciones de los casinos municipales, para que todos los interesados estén en igualdad de condiciones para presentar sus ofertas.
Una situación similar acontece con los trabajadores. ¿Son finiquitados e indemnizados por los actuales concesionarios? ¿Son transferidos al nuevo operador del casino? Si fuese así, ¿en qué condiciones? La solución a esta materia también incide directamente en la competitividad que tendrán las futuras licitaciones.
Existen muchas materias que deben ser analizadas en detalle y con seriedad para el beneficio del país, de las comunas donde se emplazarán los casinos y de la propia industria de casinos de juego. Ese es el verdadero desafío. Se deberá analizar la constitucionalidad del proyecto que impulsa el gobierno para prorrogar la concesión de los casinos municipales.