Gobierno enviará proyecto de ley para endurecer regulación de los tragamonedas de barrio
La discusión sobre la legalidad de los llamados “casinos de barrio” llegó a La Moneda. Ayer, el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, anunció que se está trabajando, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, en un proyecto de ley para prohibir o regular el uso de tragamonedas y el funcionamiento de los locales que los albergan.
“Vamos a tener una postura de gobierno al respecto, en virtud de elaborar un proyecto de ley que permita tener una mirada en relación a dos v e r t i e nt e s : y a sea prohibición o regulación (de estas máquinas)”, manifestó ayer Frey.
Según el subsecretario, la iniciativa será enviada al parlamento durante el tercer trimestre, pues antes el Ejecutivo evaluará cuáles son las ventajas y desventajas de ambas vertientes, a partir de la experiencia de países como Ecuador y España.
“La prohibición es de un acto ilícito, y, por lo tanto, se persigue. El problema es que el poder fiscalizador del Estado es limitado; o sea, tiene falencias como todos los poderes del Estado en materia de fiscalización, y por lo tanto, cuando hay esas falencias lo que ocurre es que se arma un mercado clandestino”, señaló.
En tanto, la alternativa de regularizar este mercado no solo pasaría por establecer qué es azar y qué es destreza, sino que también en aumentar los mecanismos de control sobre la máquina utilizada por los clientes.
“La normativa que se aplica en España y otros países, permite un sistema en línea que regule la probabilidad de que uno gane, la cual hoy no es conocida, porque algunas máquinas están trucadas, y el que está jugando tampoco sabe cuál es su probabilidad legítima de ganar”, sostuvo.
Además agregó: “Este sistema online está planteado a nivel internacional y muchas universidades de derecho están preconizando para poder regular este tipo de materia de manera informática. En Chile la U. de Chile está trabajando en esto”.
El Ejecutivo también eva- lúa regular el número de máquinas disponibles por habitante, pues genera gran preocupación que en algunas comunas haya una “acumulación” de estos negocios. “Este tipo de actividad produce externalidades negativas, ya sea porque producen ludopatía o por actos ilícitos asociados”, dijo Frey.
En tanto, el vocero de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimiento Electrónico (Fiden), Sebastián Valenzuela, dijo que la regulación de la actividad “es algo que hemos buscado hace tiempo”.
Agregó que “lo que buscamos como asociación gremial es que se reconozca que esta actividad es distinta a los casinos de juego, porque las máquinas no tienen en su interior generadores aleatorios de resultados (RNG), sino que son de premio programado, como la reconocen las legislaciones española o europeas”.
Peritaje falso
Ayer, La Tercera dio a conocer una investigación de la PDI por el uso de un peritaje falso en municipalidades para lograr la autorización del funcionamiento de locales con tragamonedas, el que señalaba que eran máquinas de destreza y no de azar.
Ante esto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), sostuvo que el po- sible peritaje falsificado llegó hasta su comuna por lo que “nos parece una situación de la mayor gravedad (...) Estamos ante la presencia de una actividad económica que, al parecer, recurre con cierta frecuencia en estas prácticas”.
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Mario Olavarría (UDI), afirmó que solicitarán los antecedentes de la investigación para recurrir al Ministerio de Economía para que se pronuncie sobre el caso.
Además señaló que el funcionamiento de estas máquinas no sólo queda en un problema judicial, sino que también social. “Yo lo he vis- to como adicción, sobre todo en mujeres de poblaciones y barrios, que se gastan la plata del día ¿Hay que prohibir estos permisos? Yo creo que sí. Sobretodo ahora que estos juegos no son de destreza”. En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Christian Vittori (DC), fue tajante al considerar que “nadie puede estar al margen de la ley; primero por la falsificación, y segundo, porque efectivamente estas máquinas son de azar”.
Por su parte, desde la Fidem señalan que esta falsificación “es una situación que, como cualquier otro delito en el país hay que perseguirla y castigarla”. municipalidades, hasta ahora, han entregado información a la PDI sobre el peritaje falso utilizado para autorizar el uso de máquinas tragamonedas. Se espera que durante los próximos días más municipios revisen si hay documentos falsos.