Nueva Mayoría advierte daño a Bachelet y surgen primeras peticiones de renuncia a Dávalos
Senadores y diputados oficialistas alertan por los efectos políticos del cuestionado negocio de la nuera de la Mandataria. Algunos parlamentarios apuntan, incluso, a una posible salida del cientista político de su cargo en el gobierno. Parlamentarios de
“El gobierno espera la máxima transparencia y que toda la información esté a disposición del país. Esa es la vara para cada uno de los funcionarios, en especial para los de máxima confianza”. Con estas palabras el ministro Rodrigo Peñailillo abordó nuevamente ayer la polémica generada por el millonario crédito concedido por el Banco de Chile a una empresa de la mujer que Sebastián Dávalos -director sociocultural de La Moneda e hijo de la Presidenta Bachelet- para para adquirir tres terrenos en Machalí.
La declaración del titular del Interior -quien ya en la víspera marcó la distancia del gobierno con la controversia en que se ha visto involucrado Dávalos- no pasó desapercibida entre dirigentes y parlamentarios oficia- listas. Para muchos, da cuenta de la molestia que existe en Palacio con el episodio y de la inquietud por el potencial daño a la imagen de la Presidenta. Sobre todo porque se habría instalado en la cidadanía la sensación de estar en presencia de un “tráfico de influencias” o, al menos, de privilegios especiales que irían en contra del afán del gobierno por terminar con las desigualdades.
En ese marco, ayer comenzaron a surgir las primeras peticiones desde la Nueva Mayoría y sectores independientes de centroizquierda para que el hijo de la Mandataria renuncie a su cargo.
“Ha afectado la imagen de la Presidenta de manera injusta, pero también por el uso político que le han dado agentes de derecha, que buscan neutralizar el caso Penta”, dijo el diputado Juan Luis Castro (PS), mientras nuel José Ossandón y el diputado Gonzalo Fuenzalida anunciaron que en marzo presentarán al Congreso un proyecto de ley para que el cargo de director sociocultural de la Presidencia tenga la obligación de realizar la declaración de patrimonio e intereses, como es el caso de otros funcionarios públicos.