Institución de la Presidencia
Durante mucho tiempo, en mi discurso ante inversionistas internacionales acentué la fortaleza de nuestras instituciones en comparación con las del resto de nuestros pares latinoamericanos, para explicar el éxito económico alcanzado por nuestra economía.
En efecto, por años Chile se ha caracterizado por contar con instituciones sólidas y respetables en materia económica, como son el Banco Central, el Servicio de Impuestos Internos y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con un Poder Judicial independiente y no corrupto, con Presidentes austeros en su conducción y con visión de Estado, y con empresarios líderes en la región, cumplidores de las leyes y de sus obligaciones tributarias. Todo esto, se ha visto reflejado en las posiciones alcanzadas por nues- tro país en importantes rankings realizados por organismos internacionales como el Doing Business del Banco Mundial y el Global Competitiveness Index del Foro Económico Mundial.
Sin embargo, las últimas semanas han estado marcadas por una serie de escándalos que han puesto en tela de juicio la solidez de nuestras instituciones. Los casos Penta y Juan Bilbao han puesto un manto de duda sobre la ética de nuestros empresarios. En tanto, el recurso presentado por la Fiscalía por supuestas faltas o abusos graves por parte de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Talca durante el segundo juicio de Larraín, ha puesto un manto de duda sobre la independencia de nuestro Poder Judicial.
No obstante, la más grave es la situación que por estos días afecta a la institución de la Presidencia. El enriquecimiento rápido en un mercado competitivo como el chileno siempre estará bajo sospecha, más aún si éste se realiza con un importante nivel de deuda.
Las oportunidades de arbitraje en los mercados son escasas, por lo que cuando un agente toma posiciones especulativas agresivas, con mucho leverage, y hace una ganancia de corto plazo, tiene una habilidad especial para los negocios-que es muy escasa-, o se presume la existencia de alguna irregularidad.
En Latinoamérica existe mucha evidencia de enriquecimiento ilícito durante los períodos presidenciales y, hasta ahora, Chile ha estado exento de esto.
La Presidenta Bachelet ha tenido una conducta impecable en materia de probidad y el país lo valora, siendo la honestidad uno de sus principales atributos. Por ello, más allá de la renuncia de Sebastián Dávalos al gobierno (en su calidad de director Sociocultural de la Presidencia) resulta urgente esclarecer la polémica por el eventual tráfico de influencias que habría tras el crédito que una institución bancaria nacional le otorgó a la empresa de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet.
Asimismo, es importante que en La Moneda no existan personas con poder manejando negocios personales, ni personeros de gobierno defendiendo a familiares de la Presidenta por sus negocios personales. Estos tienen que defenderse solos y demostrar que no han hecho uso del poder, ni uso de información privilegiada, ni influido en decisiones normativas.
Cabe preguntarse, entonces, si lo que ha estado ocurriendo es fruto de una mayor transparencia y del nuevo rol de la prensa, o bien se trata de un nuevo proceder de nuestros políticos, empresarios y jueces. Desmanteladas estas irregularidades, es tiempo de ponerles atajo. De lo contrario, el país corre el riesgo de seguir el cauce de otras economías latinoamericanas en que la corrupción, el uso de información privilegiada, y el tráfico de influencias, no han permitido que florezca el emprendimiento, y sus países se desarrollen.