Grave imputación a la Presidenta de Argentina La acusación formal de encubrimiento de que fue objeto la Mandataria es una muestra de que el deterioro institucional está llegando a niveles insospechados.
LA JUSTICIA argentina decidió imputar a la Presidenta de ese país, Cristina Fernández, a su canciller Héctor Timerman y a otras cinco personas por el eventual delito de encubrimiento de los responsables del atentado terrorista dirigido contra la mutual israelí (AMIA) en Buenos Aires, ataque cometido en 1994 y que provocó la muerte de 85 personas. De esta forma, se da curso para investigar la denuncia que presentó en tribunales el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de que fuera encontrado sin vida en su departamento por causas que aún se están indagando, y justo un día antes de que asistiera al Congreso de ese país para entregar los antecedentes de la causa que estaba sustanciando.
La formalización de la Mandataria es un asunto especialmente delicado, pues recae en la figura de la primera autoridad del país, quien junto al ministro de Relaciones Exteriores y a otros integrantes de su círculo aparece vinculada a la comisión de hechos que son constitutivos de delitos de la máxima gravedad. Si bien será necesario esperar el avance de la investigación judicial para determinar si existen méritos suficientes para encausar a los personeros acusados, la imputación de la Jefa de Estado profundiza la percepción de deterioro y desconfianza institucional que pesa sobre Argentina. Ella se ha profundizado en el último tiempo debido a la manera en que la actual administración ha enfrentado diversos casos de corrupción que involucran a importantes personeros de la Casa Rosada. De hecho, cabe recordar que el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, está actualmente procesado por cohecho y negociación incompatible, pese a lo cual se mantiene en su cargo desempeñando funciones de Estado. Lejos de aquilatar la gravedad de las impu- taciones de la fiscalía, Cristina Fernández optó por ignorar las acusaciones, y en su cuenta de Facebook señaló que “el odio y el agravio se los dejamos a ellos”, sin referirse al caso Nisman.
La Casa Rosada, en lugar de hacerse cargo de estas perniciosas anomalías y enfrentar esta percepción de crisis institucional que tanto daña al país, desmerece las acusaciones y se desentiende de las mismas. En el caso de la imputación a la Presidenta, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que se trata de la “operación más voluminosa de golpismo judicial activo que se conozca en la historia argentina”. Su declaración es particularmente grave, porque está acusando a otro poder del Estado de querer derrocar al gobierno. En este sentido, el Poder Judicial tiene el enorme desafío de demostrar que a pesar del fuerte control que ha intentado ejercer el gobierno sobre él –por ejemplo, mediante el intento por reformar el Consejo de la Magistratura-, aún mantiene espacios de autonomía respecto del Ejecutivo y que será capaz de llevar adelante una investigación neutral y creíble para la ciudadanía. Esto es particularmente relevante, considerando que el oficialismo tiene mayoría en el Congreso –con lo cual el Poder Legislativo no representa un contrapeso al gobierno- y los medios de comunicación están bajo constante acoso en su labor.
A ocho meses de los comicios presidenciales en Argentina, la imputación de la Presidenta supone además un factor que puede modificar por completo el escenario electoral en ese país, frente a lo cual será necesario que las distintas fuerzas políticas desplieguen sus esfuerzos para garantizar que las elecciones se realicen en un escenario de relativa normalidad, buscando dejar atrás un modelo de gobierno que está sumiendo al país en una peligrosa espiral.