Reforma laboral y valorización de los sindicatos

Uno de los argumentos que más se ha utilizado para criticar el proyecto de modernización de las relaciones laborales enviado al Congreso por la Presidenta el 29 de diciembre, es que éste tendría un sesgo pro sindicatos, que sería una reforma sindical más que laboral. Este eslogan no sólo ejemplifica la debilidad de argumentos de los adversarios de la reforma, sino que, además, conlleva un prejuicio implícito: que la existencia de los sindicatos es, por definición, negativa y perjudicial para los trabajadores y para el mercado laboral.

Contra ese prejuicio, las sociedades democráticas y los tratados internacionales de la OIT reconocen en los sindicatos una expresión legítima de representación de los intereses de los trabajadores, un ente fundamental para enrique- cer la colaboración bilateral en la empresa y una expresión genuina de la sociedad democrática. De hecho, el valor social de los sindicatos está reconocido en la actual Constitución.

En esta perspectiva, un aspecto que me interesa resaltar especialmente es que los sindicatos son una instancia institucional de representación en materia laboral, un medio que está al servicio de los trabajadores. Agregan los intereses de aquellos y fortalecen su poder de representación. De esa manera, contribuyen a equilibrar las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, y permiten además estructurar una colaboración bilateral de largo plazo, lo que contrasta con la fugacidad de los grupos negociadores.

En otro plano, cabe destacar que el rechazo a los sindicatos, expresado por algunos sectores, tiene una profunda raíz ideológica, cuyo origen doctrinario se encuentra en las concepciones más ortodoxas del neoliberalismo. En este paradigma los sindicatos son conceptualizados como “monopolios” o “carteles” que son negativos en sí mismos, porque elevarían “artificialmente” el valor del trabajo en la economía (léase a Hayek o Milton Friedman a este respecto). Esa es la doctrina que impregna en toda su extensión al Plan Laboral de los ‘80, que pervive en nuestro ordenamiento jurídico que rige el ejercicio de los derechos colectivos.

Asumamos la realidad: ya han sido demasiados los años de conculcación de los derechos colectivos de los trabajadores en Chile, lo que es un factor que influye de manera decisiva en el hecho de que tengamos la peor distribución del ingreso de la Ocde y una creciente conflictividad al margen del cauce institucional.

Lo que busca el proyecto del gobierno es generar un marco institucional de derechos colectivos que permita el ejercicio de relaciones laborales modernas y justas, marcadas por la colaboración y basadas en el equilibrio entre las contrapartes. Un marco en que ambas partes ganen al balancear mejoras distributivas con mayor productividad. Nada más, pero nada menos.

La puesta en valor de los sindicatos y la entrega de mejores herramientas para negociar, a ellos y los trabajadores, no es sólo un acto de fuerte valor simbólico, que busca dejar atrás una herencia institucional generada en condiciones no democráticas; es también un paso clave para hacer de Chile un país que se encamine a un desarrollo inclusivo, donde los frutos de la creación común de riqueza les lleguen a todos.