Violación de derechos fundamentales en Venezuela El silencio que la comunidad internacional ha mantenido frente a la ilegal detención del líder opositor Leopoldo López resulta vergonzoso.
SE HA CUMPLIDO un año desde que el dirigente político venezolano Leopoldo López, férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro, se encuentra ilegalmente encarcelado en una prisión militar, a la espera de ser llevado a juicio para responder por los graves e insólitos cargos que le imputa el gobierno, entre ellos, autor del delito de incendio, instigación pública, desobediencia a la ley y atizar el odio. Su evidente condición de prisionero político simboliza los métodos represivos a los que recurre el régimen para sofocar a la oposición y conculcar libertades esenciales de la población.
El gobierno acusa a Leopoldo López de tener responsabilidad directa en los disturbios que tuvieron lugar en Caracas en febrero del año pasado. Maduro acusó a López de fraguar un golpe de Estado, y éste pasó a la clandestinidad. El mandatario amenazó con que “llueva, truene o relampaguee, el prófugo fascista debe ir preso”. A los pocos días López se entregó voluntariamente a la justicia, y desde entonces permanece en prisión, a la espera de que se realice el juicio, el cual ha sido inexplicablemente dilatado por la fiscalía, por su evidente falta de pruebas. A partir de ese momento hubo una ola de protestas que se extendieron por cuatro meses, en las cuales murieron más de 40 manifestantes, muchos de ellos producto de disparos en la cabeza, sin que se haya aclarado quiénes fueron los responsables.
Organizaciones como Human Rights Watch han acusado al gobierno de usar de manera sistemática la represión y de llevar a cabo detenciones ilegales, además de recurrir a un uso excesivo de la fuerza —recientemente se autorizó a que las FFAA puedan reprimir manifestaciones pacíficas—, incluso recurriendo a la tortura y amenazas de ejecutar a detenidos. La organización denunció el pasado fin de semana que López fue objeto de golpizas al interior de la cárcel por parte de desconocidos. A su vez, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas hizo ver el año pasado que López es “víctima de una detención arbitraria” y solicitó a las autoridades venezolanas su inmediata liberación.
A pesar de la abrumadora evidencia de que en Venezuela hay una violación sistemática a los derechos más fundamentales, y que el país se está dirigiendo hacia una situación crítica, de impredecibles consecuencias, la reacción de los gobiernos de la región y de los organismos multilaterales ha sido inexistente, lo que ha permitido la impunidad del régimen. Sólo el gobierno de Estados Unidos decidió aplicar sanciones económicas a algunos funcionarios, acusados de violaciones a los derechos humanos durante las protestas. La Unasur rechazó esta medida, por considerar que vulnera el principio de no intervención, mientras que la Celac tampoco ha manifestado condena alguna. Por su parte, la OEA simplemente se ha limitado a hacer llamados al diálogo entre las partes, y a pesar de que su Relatoría sobre Libertad de Expresión ha hecho ver el flagrante acoso hacia los medios de comunicación independientes, tampoco se ha manifestado condena alguna.
El gobierno de Chile ha mantenido silencio frente a estos atropellos, a pesar de que personalidades del oficialismo han hecho una petición mediante carta pública para que se liberen a todos los presos políticos.
La comunidad internacional debería emitir una enérgica condena por la situación de Leopoldo López. Su liberación constituiría un aliciente para que las fuerzas contrarias al régimen ejerzan una oposición efectiva y puedan poner freno a la grave crisis política y económica en que se encuentra sumida Venezuela.