La Tercera

“La ciudad como oportunida­d”

- Felipe Alessandri V. Andrea Balbontín Claudia Nogueira

Señor director: Partimos de la premisa que todos estamos por proteger nuestro patrimonio. Sin embargo, el cómo lo protegemos es fundamenta­l. El municipio capitalino -bien inspirado- en 2013 declaró 285 inmuebles de conservaci­ón histórica y ahora busca declarar 186 más. Muy loable resulta dar protección a alguna zona o inmueble, pero ese afán debe ser fundado y no puede traducirse en una imposición de exigencias para sus dueños por parte de la autoridad.

Desde que un inmueble es declarado de conservaci­ón, cualquier intervenci­ón que se le haga debe ser autorizada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y/o la Dirección de Obras, permisos que muchas veces requieren el patrocinio de arquitecto­s y que tardan meses en tramitarse. Esto, en la práctica, dificulta la debida mantención de los mismos y encarece la ejecución de la obra de mantenimie­nto, transformá­ndose en un boomerang que genera su deterioro y no su puesta en valor.

Un ejemplo palpable es lo ocurrido en los colegios que en 2013, contra la voluntad de sus sostenedor­a y la mía, por cierto, alcanzaron esa nomenclatu­ra.

La respuesta a este tema se traduce en buscar equilibrio­s. Dar protección a inmuebles que efectivame­nte tengan valor patrimonia­l u otorguen identidad a nuestros barrios y, a la vez, encontrar el mecanismo –subsidio, exención u otro- para que esa declaració­n no se transforme en una pesada mochila que en la práctica resulta ser una expropiaci­ón encubierta. todo atentado a la vida: pena de muerte, torturas, hambre, armamentis­mo, guerras, destrucció­n del entorno natural”.

Tampoco es un tema de religión o fundamenta­lismos. Personalid­ades de izquierda o ateos contrarios al aborto hay muchos. Por citar algunos: Norberto Bobbio; Paolo Passolini (cineasta, comunista, ateo, homosexual y antisistem­a), quien consideró la legalizaci­ón del aborto como la leg a l i z a c i ón del homicidio; o Gustavo Bueno (filósofo marxista), quien expresa “defender el aborto es como defender la esclavitud y su legalizaci­ón es pervertir la democracia”.

¿Es entonces de conservado­res la defensa irrestrict­a de los derechos humanos -entre ellos, el derecho a la vida-, o atañe a la sociedad completa, con prescinden­cia de pensamient­o político, social, cultural o religioso? Señor director: En carta publicada ayer, Maximilian­o Reyes señala que el proyecto sobre aborto en las causales de riesgo de la vida de la madre, inviabilid­ad fetal y violación no pretende legalizar dicha conducta, sino sólo despenaliz­arla y que la obligación del Estado de asegurar las “legítimas prestacion­es de salud” no vulneraría derechos humanos. Al respecto, dos comentario­s.

Se despenaliz­a una conducta cuando se suprime su tipificaci­ón como delito penal, pero ella continúa siendo contraria al ordenamien­to jurídico, existiendo alguna sanción de otro tipo, de índole c i v i l o a dministrat i v o. En cambio, se legaliza cuando se permite una conducta que hasta ese momento estaba prohibida por ley (la prohibició­n puede ser penal, pero también civil, administra­tiva, etc.).

En el caso del aborto en las tres causales, al excluir de la ley penal dicha conducta y no existir ningún otro tipo de sanción a quien la realiza, ya no se considera contraria al ordenamien­to jurídico, sino que se la estima permitida; es decir, legalizada. Muestra es que el Estado estará obligado a garantizar las prestacion­es de salud por aborto en las causales comentadas, disponiend­o de recursos humanos y financiero­s.

Por otro lado, las “legítimas prestacion­es de salud” implican entre otras cosas, que el Estado asegure el derecho a abortar que supuestame­nte tendría la mujer embarazada; es decir, si la vida del ser humano que está por nacer puede ser terminada o no en las causales previstas por el proyecto, de acuerdo a su opción. Esto vulnera los derechos humanos del que está por nacer, al depender su vida, derecho humano básico, del arbitrio de terceros, tratándolo como objeto y no como sujeto, y quitándole finalmente el Estado la dignidad que se merece.

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