Rol del fiscalizador en la revisión del crédito a Caval A la Superintendencia de Bancos no le conviene aparecer respondiendo a un diseño comunicacional de La Moneda para enfrentar la polémica.
LAS CONSECUENCIAS del denominado caso Caval en la imagen del gobierno están aún por conocerse. No obstante, analistas de diversas corrientes políticas, como también representantes del oficialismo, han advertido el impacto negativo de los hechos que llevaron a la renuncia del director sociocultural sobre la figura de la propia Presidenta Bachelet.
Por lo mismo, aunque de manera tardía, La Moneda diseñó un plan de respuesta a la crisis que incluyó la publicación de la declaración de patrimonio del principal involucrado en las denuncias y la revisión del rol que cumplieron autoridades locales en el negocio inmobiliario diseñado por la empresa Caval. Con el propósito de descartar irregularidades frente a la opinión pública, la estrategia comunicacional sumó entre sus pilares un pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), el mismo que se conoció sólo un par de días después de que trascendiera la solicitud del mencionado análisis por parte del ente fiscalizador.
Si bien el organismo explicó que “siempre solicita y revisa los antecedentes que corresponden”, en este caso las conclusiones informadas por el propio superintendente calzaron con el objetivo esperado por La Moneda. “No se han detectado infracciones legales y normativas que pudieran poner en riesgo a depositantes y la solvencia del banco”, detalló el personero, aunque por los montos involucrados en el crédito no parece arriesgado señalar que los eventuales problemas asociados a la operación financiera no decían relación con un riesgo de sol- vencia para uno de los mayores bancos del país.
No obstante, respecto a otros elementos de la operación que han llamado fuertemente la atención de la opinión pública, como la reunión sostenida entre el vicepresidente del banco y el renunciado director sociocultural, la superintendencia indicó que corresponden a la “decisión de cada entidad bancaria”, en la medida que se cumpla con la normativa vigente.
Aunque la Superintendencia revisó el crédito otorgado a Caval en el ámbito de sus atribuciones técnicas, y el mismo superintendente aclaró que podrían efectuar nuevas indagaciones en caso de surgir antecedentes distintos a los actuales, no parece sencillo conciliar el temprano resultado de su análisis con las investigaciones que recién comienza a desarrollar la fiscalía regional de O’Higgins, en particular cuando el vocero de esta unidad ha advertido que “no descartamos ninguna línea investigativa”.
La confianza de los ahorrantes en el buen funcionamiento de los mercados, tarea que la normativa entrega a la SBIF, puede verse comprometida cuando la opinión pública percibe situaciones de privilegio que alteran la normal evaluación de los negocios. Frente a ello, los organismos fiscalizadores cumplen un rol fundamental y deben, por lo mismo, cuidar su imagen y autonomía ante todo posible riesgo de injerencia o utilización por parte de otras autoridades. La rápida reacción de la entidad, al menos desde la óptica pública, no contribuyó en ese sentido, en especial si se consideran las dudas aún pendientes en torno a la operación financiera en cuestión.