Designación de fiscales
Señor director: La abrupta decisión adoptada por la Fiscalía Nacional de cambiar al equipo investigador en los casos Penta y Soquimich es altamente cuestionable.
Sacar de la dirección directa del caso Penta a un equipo especializado en causas complejas, liderado por el experimentado y exitoso fiscal Gajardo, para reemplazarlo por el fiscal regional Alberto Ayala no parece racional, si se considera que este ha hecho carrera centrado en funciones administrativas, no habiendo estado a cargo de manera inmediata de la indagación de ningún caso complejo, ni habiendo participado en la litigación de algún juicio oral en forma destacada.
Además, es una designación imprudente si se considera que se trata de un caso con ribetes políticos y que Ayala ha manifestado su interés de suceder al fiscal nacional, quien concluye su período este año, para lo cual requiere del apoyo de la Presidenta y del Senado.
A esto se agrega que se desempeñó como abogado de Soquimich durante más de una década, empresa que apareció como parte de las irregularidades investigadas a partir de la información recogida por Gajardo durante su indagación, lo que determina que la “inhabilitación” que ha invocado Ayala respecto de SQM sea más bien simbólica e inútil, por la forma en que aparecen entrelazados los hechos.
En cuanto al fiscal Montes, el problema no es de competencias objetivas sino de falta de prudencia, si se considera que se le ha entregado la investigación de la arista de aportes políticos ilegales de la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, donde aparecen vinculados importantes personeros de la Nueva Mayoría, coalición de la cual el senador Carlos Montes, padre del persecutor, es uno de sus principales dirigentes.
Más allá de que los efectos concretos en el desarrollo de las causas producto del desmantelamiento del equipo que las tuvo a su cargo están aún por verse, ciertamente esta decisión ha causado un daño actual y cierto a la decreciente credibilidad y transparencia institucional del Ministerio Público.
Abogado nicipal que es incapaz de presentarse como una opción válida para los padres. Poner fin al lucro requiere una inversión altísima, que como único objetivo tiene cambiar criterios jurídicos, perdiéndose con la posibilidad de utilizar esta inversión en medidas que logren calidad. Finalmente, con el fin a la selección, especialmente en los establecimientos emblemáticos, se elimina la posibilidad de replicar los pocos modelos exitosos de la educación municipal.
Si queremos poner el foco en la educación pública debemos partir por fortalecer la educación municipal. Para eso necesitamos pasar de la “ley de inclusión” a reformas efectivas. Más y mejor subvención, más apoyo en los procesos de enseñanza, más libertad para los directivos y una verdadera carrera docente que permita a los profesores talentosos desarrollar su profesión de manera atractiva y desafiante. Este es el camino efectivo.
Pasar del dicho al hecho exige dejar la ideología de lado para utilizar los medios correctos. La educación pública no puede ser usada como eslogan. Sólo con ésta se logrará que coexistan la diversidad de proyectos, una mejor integración social y una educación de calidad para todos. víctimas de la dictadura se requiere precisión en los análisis. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que vuestro editorial ha interpretado a partir de titulares, sin entrar en el contenido de mis dichos.
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