Controversia diplomática entre Chile y Perú Es preocupante que a raíz de un supuesto caso de espionaje Perú haya puesto en entredicho su voluntad de avanzar en la ejecución del fallo de La Haya.

EL GOBIERNO de Perú presentó una nota de protesta ante la Cancillería chilena aduciendo un supuesto espionaje a la Marina de Guerra, causa en la cual se encuentran procesados dos militares peruanos, mientras que un tercero está bajo investigación. El gobierno chileno ha señalado que el país no acepta ni promueve espionajes, y que dicha nota de protesta se responderá apropiadamente. En señal de malestar Perú llamó a su embajador a informar de lo sucedido, medida que fue correspondida por la Cancillería chilena.

El Presidente Humala ha señalado que este episodio puede afectar gravemente las relaciones entre ambos países, incluso convocó a los principales líderes políticos del país para ponerlos al tanto de los detalles de este supuesto espionaje. La estrategia de amplificar artificialmente este incidente es coincidente con el hecho de que la administración de Humala se encuentra políticamente muy debilitada —los índices de aprobación del Mandatario apenas llegan al 22%—; incluso su propia cónyuge es hoy objeto de una investigación judicial por presunto lavado de activos. Llama igualmente la atención que a pesar del tiempo que este caso lleva investigándose por parte de los organismos de inteligencia peruanos, haya salido a la luz pública por un reportaje de un canal de televisión y no se haya comunicado oportunamente al gobierno chileno.

Una revisión de la historia reciente da cuenta de que los episodios en que ambos países han denunciado ser víctimas de espionaje son frecuentes, y han logrado ser resueltos por los canales diplomáticos. Por ello resulta sorpresivo que en esta ocasión el gobierno peruano haya dado una connotación de especial gravedad, al punto que Humala señaló que puede afectar gravemen- te la relación bilateral. Aún más sorprendente resulta el hecho de que el canciller peruano haya manifestado que este incidente podría dilatar la ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia, particularmente en lo que toca al registro de las coordenadas ante Naciones Unidas. El proceso de demarcación de la nueva frontera marítima ha sido convenido por ambos países y se ciñe a lo resuelto por el tribunal, por lo que una dilación constituiría una maniobra inexplicable y violaría la buena fe que debe imperar en la ejecución de un fallo internacional.

El propio canciller pareció retroceder en sus dichos, pues el martes señaló que el interés de Perú es terminar la ejecución del fallo “en el más breve plazo”, y reiteró la voluntad de avanzar con Chile hacia una relación “constructiva y armoniosa”. Este cambio de tono es bienvenido, pero la circunstancia de que se haya insinuado que un incordio diplomático podría alterar la ejecución de un fallo internacional es preocupante. Ello resulta aún más contradictorio si se considera que Perú tomó la decisión de demandar a Chile en la Corte porque asumió que de esa forma se salvaguardaba la paz.

Si bien la delimitación de las nuevas coordenadas marítimas no debería revestir mayor complejidad, la adecuación de la legislación interna a lo dictaminado por La Haya sigue pendiente. La aprobación de la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú buscó recoger lo dispuesto en la sentencia del tribunal, pero insiste en colocar al “Punto Concordia” como inicio de la frontera terrestre, cuestión sobre la que Chile expresó su reserva. Por ello el episodio del espionaje no puede desviar la atención de que existen puntos pendientes en la ejecución del fallo que Perú seguirá invocando a su favor en desmedro de los intereses chilenos.