Blanco alista proyecto para institucionalizar negociación colectiva en el sector público
Los detalles de la iniciativa serán anunciados junto a empleados fiscales. Anef pide derogar las prohibiciones a la negociación colectiva y el derecho a huelga.
Ante parlamentarios, dirigentes sindicales y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la minist r a del Tr a baj o, Javiera Blanco, anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para “institucionalizar la negociación colectiva” en el sector público.
La secretaria de Estado sostuvo que la iniciativa será anunciada junto a los empleados del sector, cuando se tenga “un cronograma definido”.
Blanco señaló que la medida se suma a la extensión del acceso al procedimiento de tutela de los derechos fundamentales de naturaleza no laboral, lo que quiere decir que los trabajadores del sector público podrán acceder a los tribunales de trabajo en caso de ver vulnerados sus derechos, algo que hasta ahora no sucedía.
Los empleados públicos también tendrán derecho a la sindicalización, incluido el personal a honorarios. Se trabajará en establecer mayores plazos para los incentivos al retiro, la disminución de las brechas de viáticos y el acceso al permiso de postnatal parental con remuneración íntegra.
Exigen resultados
Argumentando que las conversaciones con el gobierno se extienden desde hace un año, el presidente de la Anef, Raúl de La Puente, enfatizó que se requiere que los cambios se produzcan lo antes posible.
“Esperamos este año, un año de cosecha, pero si no existen avances, la gente se va a movilizar”, advirtió De la Puente ante la ministra del Trabajo.
El representante del sector público sostuvo que efectivamente hay puntos que se han conversado con el gobierno en los que existen acuerdos, “pero hay temas que son importantes y otros que son de menor jerarquía”.
En ese sentido, manifestó que dentro de los temas importantes para la Anef está la derogación de las prohibiciones a la negociación colectiva y al derecho a huelga que existe para el sector.
Estos dos temas son los que generan más discrepancias, ya que si bien el gobierno está anunciando un proyecto para institucionalizar la negociación colectiva, no hay acuerdo en l a derogación de las prohibiciones.
El dirigente señaló que las negociaciones van a continuar, ya que se debe avanzar en mejorar el empleo de la administración pública “que es precario y requiere de un cambio”. De la Puente detalló que hoy un 70% de las personas del sector no tienen previsión ni salud.
Para marzo, la Anef espera concretar un cronograma
Mientras abogados laboralistas han advertido que la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo amenaza la libertad de afiliación sindical, lo que podría ser inconstitucional y derivar en la judicialización de los procesos de negociación colectiva una vez aprobada ésta, en el gobierno lo desestiman.
Al respecto, la ministra del Trabajo Javiera Blanco es categórica: “No existe ningún atisbo de inconstitucionalidad en el proyecto”.
“Estamos diciendo y estableciendo los incentivos adecuados de quienes forman un sindicato, pero en ninguna parte está establecida obligatoriedad alguna, seguirá existiendo la libertad de sindilicalizarse” aclara la ministra.
Misma visión tienen los diputados Osvaldo Andrade y Tucapel Jiménez, miembros de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. “No hay ningún problema de vicio de inconstitucionalidad”, apuntó Andrade. sobre los temas que se van a trabajar durante este año.
Dentro de las temáticas que pretenden poner sobre la mesa están los incentivos al retiro, las asignaciones de modernización, el seguro de cesantía, el fuero sindical para dirigentes regionales, entre otros.
Reforma laboral
A pesar de los anuncios que realizó la ministra del Trabajo, el presidente de la Anef hizo sentir el malestar que provocó la decisión de dejar fuera de la reforma laboral al sector público.
En su di s c urs o, De la Puente sostuvo que los funcionarios reclaman los mismos derechos que tiene el sector privado y que han sido reconocidos internacionalmente. “¿Qué razón ha existido para que en este proyecto no se legisle para que las organizaciones del sector público tengan también el derecho de dar titularidad de la negociación colectiva en materia de derechos laborales? o ¿por qué la legislación laboral no contempla acciones a las prácticas antisindicales?, enfatizó.
Ante estas críticas, Blanco respondió que la reforma que se está discutiendo en el Congreso es para el sector privado, ya que con los empleados públicos se está trabajando en una agenda paralela.
El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez, explicó que la exclusión del sector público en la reforma laboral se debe a que cuentan con dos regímenes distintos, el Código Laboral y el Estatuto Administrativo.
El parlamentario señaló que en ese sentido el gobierno espera presentar a mitad de año el proyecto para los funcionarios del sector público, lo que a su juicio es de “suma importancia”, ya que “si bien siempre se critica al sector privado, el Estado no es el mejor de los empleadores”.