Fisco ha recuperado el 8% de lo que ha gastado por Crédito con Aval del Estado desde 2006

En transición y en régimen de gratuidad universal, el Crédito con Aval del Estado (CAE) continuará existiendo para los planteles que no se sumen al beneficio, lo que despertó críticas de varios sectores. Esta semana el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reiteró en la Comisión de Educación de la Cámara que se requiere una sesión especial para estudiar el CAE.

Este préstamo estudiantil comenzó a funcionar en 2006 y hasta diciembre de 2015 había financiado a cerca de 718.000 alumnos, según la cuenta pública de la Comisión Ingresa. Este mismo documento arroja que en estos diez años se han cursado más de dos millones de créditos, los que han implicado un monto que supera los US$ 4.700 millones de dólares, sumando préstamos nuevos y renovaciones.

De ellos, US$ 2.500 millones han provenido de la banca, es decir, 53%; mientras que el Fisco ha invertido US$ 2.166 millones. ¿Por qué casi la mitad del financiamiento de este crédito ha sido estatal? Cuando se diseñó esta herramienta, para reducir el riesgo de que a futuro los egresados no pagaran, el Fisco se comprometió a comprar un porcentaje de los créditos otorgados por los bancos. Así, por ejemplo, en 2006 el Estado recompró un 18% de los préstamos nuevos; pero en 2014 fue un 43%, que logró reducirse a 42% en 2015.

Según el senador Carlos Montes (PS), los fondos que el Estado destina al CAE crecen aún más cuando se considera que subsidia la tasa de interés desde 2012 -tras la rebaja del 6% al 2% para los usuarios- y también se encarga de las garantías cuando los deudores no pagan. “El Estado ha aportado US$ 4.500 millones entre garantías, créditos que compra y subsidios. Una cantidad enorme”, dijo el miembro de la Comisión de Hacienda.

Pero el esquema del CAE contempla que el Estado reciba de regreso las garantías, a medida que los deudores El Crédito con Aval del Estado se creó en el gobierno de Ricardo Lagos. Tenía una tasa de un 6% de interés.

Una ley aprobada en 2012 rebajó el interés al 2% y creó un subsidio que permite acogerse a una cuota máxima del

10% del sueldo bruto.

Actualmente, dependiendo de la duración de la carrera, el plazo de pago del crédito puede ser máximo 15 años. van pagando. Entre 2006 y 2015, la Tesorería General de la República ha recibido por parte de los bancos US$ 168 millones aproximadamente. Al comparar esta cifra con lo que ha gastado el Estado sólo en compra de carteras, equivale a un 8%.

“Sin dudas que el CAE, particularmente desde el 2012, es un crédito que formalmente conlleva un fuerte subsidio estatal. Si a eso se le agrega el subsidio no deseado por la falta de pago de carácter elusiva, entonces tenemos un panorama esperable como el que muestran los datos”, señaló Ricardo Paredes, rector del Duoc UC y economista que presidió la comisión que estudió este sistema de créditos durante el gobierno de Sebastián Piñera. Agregó que “la recompra del Estado se hace por la cartera que es casi seguramente incobrable”.

El senador Montes remarcó que “hay que evaluar hasta qué punto le conviene esto al Estado. Quizás hay que evaluar un mecanismo de financiamiento específico para el octavo, noveno y décimo decil”.

Alexander Páez, economista de Fundación Sol, enfatizó que los recursos destinados para el crédito perfectamente podrían ir a gratuidad, lo que “mejoraría mucho las posibilidades de ir hacia un sistema solidario de seguridad social”.

Giorgio Jackson (RD) señaló que “mientras tengamos un sistema de acceso desregulado, vamos a seguir gastando recursos en deserción de estudios o cesantía ilustrada, todos endeudados. Mejor proveer financiamiento a un sistema gratuito, pero con acceso de calidad, aunque eso implique un sinceramiento del egreso real”.

Para Jaime Bellolio (UDI), “el CAE dejó de ser el crédito duro que creó Lagos y en el gobierno de Piñera pasó a ser un crédito blando, a ser contingente al ingreso. Paga más el estudiante que egresado gana más. Es un mecanismo progresivo y no regresivo como la gratuidad”.

Alta morosidad

Las cifras de la cuenta pública de Ingresa revelan que un 34,9% de los egresados que está en condiciones de pagar, está moroso. En total son 90.572 egresados o desertores que no han mantenido al día sus pagos. En promedio, los graduados con deuda impaga deben $ 4.290.000; mientras que los desertores, $ 3.000.000.

Eso sí, la ley establece que la deuda de quienes abandonan sus estudios debe ser asumida por las casas de estudio y no por el Estado, según información de Ingresa.

Claudia Sanhueza, directora del magister de políticas públicas de la U. Diego Portales e investigadora de COES de la U. de Chile, explicó que la morosidad se debe “al gran crecimiento de la matrícula del CAE se concentró en instituciones de dudosa calidad, que tienen carreras no acreditadas. Entonces, el mercado laboral no reconoce a estas instituciones y se trata de estudiantes que provenían de estratos socioeconómicos más bajos”.b