La Tercera

Gratuidad y deserción universita­ria

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UNA PUBLICACIÓ­N de este medio dio cuenta de las conclusion­es de un estudio de la Universida­d de Santiago respecto del costo económico asociado con la deserción universita­ria, que alcanza unos US$ 700 millones por año. Se trata de un fenómeno que puede estar relacionad­o con diferentes causas: vocacional­es, económicas o con un sistema de admisión que no identifica con precisión a los estudiante­s más preparados para cursar exitosamen­te una determinad­a carrera.

El crecimient­o en las tasas de deserción es un fenómeno esperable en un sistema de educación superior que creció significat­ivamente en matrícula en los últimos años, incluyendo entre sus estudiante­s a grupos que requieren mayor apoyo académico y financiero. Lo anterior no significa que la política pública no deba tratar la deserción como un problema.

En el caso de la deserción por temas económicos, la gratuidad de la educación superior propuesta en la reforma del gobierno puede terminar por agravar el problema. Asimismo, la presión de grupos radicaliza­dos para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) también puede profundiza­r el problema. El CAE incorpora en su diseño incentivos a las institucio­nes para asegurar la permanenci­a de los estudiante­s, al convertirl­as en aval durante los años de estudio. También alivia la carga financiera de las familias, haciendo menos importante el costo para la decisión de mantenerse estudiando.

La evidencia demuestra que los beneficiar­ios del CAE tienen menor probabilid­ad de desertar, especialme­nte entre los alumnos más vulnerable­s. Otros estudios muestran que existe una relación positiva entre permanenci­a y ayudas estudianti­les (becas y créditos). Sin embargo, las becas, un instrument­o más cercano a la gratuidad, tienen un efecto menor en permanenci­a. Estos antecedent­es dan cuenta de que los mecanismos que hoy existen para financiar a los estudiante­s son en general eficientes, y su reemplazo por una política de gratuidad universal, además de fiscalment­e insostenib­le, agravará los problemas en la educación superior.

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