Cazando culpables
EL CASO pensiones de Gendarmería y la actuación de autoridades de gobierno y del Senado en él, me recordaron un famoso libro de John Seddon, “La eficiencia en el sector público. Un enfoque sistémico”. Trae una anécdota sobre el secretario de Estado para Salud de Tony Blair. El cual, interrogado sobre denuncias de trampas en los hospitales públicos para aparecer cumpliendo metas sin realmente lograrlas, respondió desafiante: “Deme nombres”. Seddon escribe que si de identificar culpables se trata, bastaba un nombre: el suyo.
Según Seddon, los fraudes no son excepción, sino característica de los malos diseños de sistemas. Los gobiernos se desgañitan buscando culpables, castigándolos o despidiéndolos, interviniendo las jefaturas, introduciendo supervisiones y fiscalizaciones más severas. Pero no abordan los diseños e incentivos que causan el problema y lo masifican, ni la realidad de “negociaciones” entre grupos de poder de los servicios públicos: autoridades, gremios, partidos, etc. Así, no cambian nada, sólo hacen más omnipresente y paralizante el control burocrático.
Sugerente, ¿no? El problema no acaba en un jefe de servicio, un partido o un dirigente gremial. Es un sistema de gestión que condiciona la reacción de cada uno para beneficiarse o defenderse. Unos pechan por pensiones abultadas, otros para concederlas a amigos, expresar “gratitudes” u obtener incondicionalidades, otros para privilegiar militantes y cercanos, etc. Cambiarán los nombres de quienes se ven inquiridos, pero si el sistema de gestión induce y permite comportamientos tramposos, estos existirán; contradiciendo y minando de paso la moral de los funcionarios. El hambre de escándalos se alimenta con el nombre de una persona, un partido, un dirigente sindical, un ministro, pero tarde o temprano lo que el sistema estimula aportará nuevas presas a la antropofagia mediática.
Los verdaderos culpables son los que no atacan las causas. Autoridades que vibran persiguiendo nuevos culpables, pero indolentes en el esfuerzo por reformar sistemas y normas de gestión que alientan privilegios indebidos y rapiñas.
Persiguen consecuencias, no causas. Así, la Contraloría cada vez es más omnipresente, la Dipres controla, las autoridades castigan, las comisiones investigadoras proliferan. Y la transparencia, hoy afortunadamente mayor, sólo sirve para dejar al desnudo, una y otra vez, las consecuencias de incentivos perversos en algún sistema de gestión.
Prefieren la cacería a afrontar intereses creados que resisten reformas que mejoren el servicio público. No piensan desde la demanda de los clientes que son su razón de existir y del estímulo a prácticas que dignifiquen a quienes trabajan en él. Al revés, transforman en sospechosos a los sujetos indispensables de cualquier reforma al servicio público: sus jefes y trabajadores en todo nivel. Consagran así la persistencia de estímulos a malas prácticas; e inducen a blindarse de la cacería no haciendo ni decidiendo nada, sino derivándolo todo.
¿Cómo lograr que las autoridades sean más reformistas de sí mismas? El problema no acaba en un jefe de servicio, un partido o un dirigente gremial. Es un sistema de gestión que condiciona la reacción de cada uno para beneficiarse o defenderse.