Colaboración público-privada

LA PROMULGACIÓN de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) concluyó un periodo exitoso de colaboración público-privada, que derivó en un amplio consenso en torno al texto de la nueva ley. El Ministerio de Medio Ambiente aprovechó el apoyo transversal que despierta el fomento al reciclaje, para ir incorporando perfeccionamientos al texto legal y culminar esta ley marco con una alta votación en el Congreso y la valoración expresa del sector privado.

El texto aprobado sólo entrega un marco general a la implementación de un sistema REP en nuestro país, delegando en reglamentos y decretos supremos las principales definiciones operativas del sistema. A modo de ejemplo, la correcta definición de las metas de reciclaje, exigibles para cada productor prioritario, marcará el éxito o fracaso de esta iniciativa.

Además, en el proceso de definición de reglamentos y decretos supremos participarán además de representantes del sector público y de las empresas, organizaciones no gubernamentales ambientalistas y el mundo de la academia. Esta discusión se dará en un contexto político mucho más exigente y con más presiones que el proceso legislativo previo de la ley marco, porque además están en juego las verdaderas definiciones del sistema.

Es de esperar que el Ministerio mantenga en esta etapa el enfoque técnico, colaborativo y racional para el avance eficiente de este relevante cambio ecológico que se avecina. Iniciativas emanadas del sector privado, como la reciente creación del Centro de Estudios ChileRep compuesto por destacados expertos, demuestran que el ánimo constructivo desde el sector privado se mantiene intacto.

El gran desafío que tiene el Ministerio de Medio Ambiente es lograr que continúe un diálogo fluido y se evite cualquier tipo de hermetismo. Esta tónica fue lo que precisamente permitió que el proyecto de REP lograra registrar una exitosa tramitación.