Instituto Nacional y pérdida de excelencia académica El emblemático liceo está pagando el costo de haber permitido que los grupos más radicalizados actuaran sin contrapeso.

EL INSTITUTO Nacional, al igual que otros colegios emblemáticos del sector público, como el Liceo Lastarria, perdieron este año su categoría de excelencia académica y con ello la subvención que entrega el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). Este nuevo escenario se explica principalmente por los menores resultados que han obtenido en las pruebas Simce, variable con alta ponderación entre los factores que se consideran para acceder a dicho beneficio. Se trata de un hito muy significativo, porque desde que existe esta subvención especial -que data de 1996-, el Instituto siempre la había recibido. Es sin duda un golpe a la calidad de la educación pública y un anticipo de las nefastas consecuencias de permitir que los grupos más radicalizados sean los que tomen el control.

La pérdida de la subvención parece ser la consecuencia directa de los extensos paros que han afectado a estos establecimientos, que sólo en el caso del Instituto Nacional ha implicado que durante este año se hayan perdido dos meses de clases. Es obvio que con tal anormalidad los resultados en las mediciones Simce se verían resentidas, por lo que suponer que se trata de un “boicot” que han realizado los propios alumnos –como pretenden hacer creer algunos dirigentes estudiantiles- es desconocer la realidad. Ello sería plausible si se tratara de un fenómeno puntual, pero en los últimos cinco años el Instituto ha reducido en 80 puntos su puntaje en las pruebas de Lenguaje, y 40 puntos en el caso de Matemáticas. También se ha podido apreciar un descenso en los puntajes promedio de la PSU; estos indicadores no hacen sino demostrar que se trata de un proceso, cuyo punto de partida coincide con el comienzo de las movilizaciones sociales.

A la Municipalidad de Santiago, como sostenedor de este establecimiento, le cabe la principal responsabilidad en esta debacle, cuyo errático actuar ha terminado por incentivar este tipo de movilizaciones, perjudicando al resto del alumnado. Hoy parece evidente que la autoridad ha perdido total control sobre estos establecimientos, quedando a merced de lo que resuelvan los grupos más radicalizados. Ello permite anticipar que las clases seguirán afectas a interrupciones, deteriorando la calidad de sus procesos formativos e incentivando la fuga de alumnos. La Ley de Inclusión, que busca terminar con los procesos de selección, hará más notoria la pérdida de calidad académica.

No parece haber ya muchas dudas de que el Instituto ha entrado en una espiral descendente –el daño podría ser ya irreversible-, y rescatarlo será una tarea difícil en la medida que la autoridad y los estamentos de este liceo no muestren voluntad para ello. Es acertado que el Ministerio de Educación no haya aceptado recorregir el Simce para permitir que el Instituto califique a esta subvención. Esta no debe ser entregada, de manera que los costos de estas paralizaciones comiencen a ser internalizados. La imagen de la educación pública, sin embargo, queda muy dañada, y es natural que los apoderados y estudiantes sientan recelo de que en virtud de la Ley de Inclusión, colegios que hasta ahora funcionaban de manera independiente gracias a la subvención y al copago, puedan quedar capturados bajo estas mismas lógicas.