CASTIGO SOLO PARA UNA
La gestión irregular de los presupuestos públicos que tiene al borde de la destitución a la Presidenta Dilma Rousseff abunda en la administración pública brasileña y, a pesar de que la Constitución lo prevé, hasta ahora no ha sido castigada. En el proceso, la gobernante responde por lo que la acusación califica de “delitos de responsabilidad”, para los cuales la Constitución contempla como pena la destitución y la suspensión de los derechos políticos por un plazo de ocho años.
La presidenta está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de atrasos en depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos, según la acusación. Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que ese tipo de maniobras son más que comunes en la administración pública brasileña.
De hecho, fueron realizadas por otros gobernantes anteriores (Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva), pero siempre en montos muy inferiores y, en el caso de los atrasos con la banca pública, por unos pocos meses y no durante más un año, como ocurrió en el período de Rousseff.
La defensa de la gobernante argumenta que al menos 17 de los 27 gobernadores que tiene hoy el país han incurrido en decretos que alteraron los presupuestos sin antes ser debidamente aprobados, las que reduce a “faltas” de carácter administrativo que, bajo su punto de vista, no pueden ser motivo para una destitución.
Para muchos expertos, más que en las maniobras irregulares, el “pecado” de Rousseff está en la pérdida de su apoyo parlamentario que, a diferencia de lo ocurrido con sus antecesores, se fundió al calor de una grave crisis económica y política. El debilitamiento de Rousseff, de ese modo, permitió a sus adversarios valerse de mecanismos jurídicos, poco aplicados, pero contemplados en las leyes, para promover un juicio polémico que se ajusta estrictamente al marco constitucional, al punto de que cada uno de sus pasos ha sido supervisado por la Corte Suprema.