CIFRAS 7 mil

Colombia vivirá mañana un día histórico: el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) firmarán un acuerdo de paz tras más de 50 años de conflicto armado. Este hito dará paso a un profundo cambio de rumbo en el país sudamericano, cuyo conflicto armado le costó la vida a más de 260 mil personas, aunque más de ocho millones se vieron afectadas de una u otra manera. Estos son los puntos más importantes del acuerdo que se logró después de casi cuatro años de negociaciones en La Habana.

Partido político

El acuerdo establece medidas para brindar condiciones a la guerrilla con el objetivo de que pasen de las armas a la política. Según el diario El Tiempo, la idea es que los miembros de las Farc no estén en desventaja frente al resto de los partidos políticos. Por eso el sistema incluye financiamiento y divulgación de los programas para “promover y estimular” el partido de las Farc. Esto ocurrirá tras la firma de la paz y una vez que esté finalizado el proceso de dejación de armas, que puede tomar seis meses.

En ese momento, la guerrilla desarmada podrá registrarse formalmente ante el Consejo Nacional Electoral de Colombia como un partido político. Se estima que esto podría ocurrir entre marzo y abril de 2017. El partido que conformen las Farc tendrá una participación asegurada en el Congreso. Entre 2018 y 2026, tendrán derecho a cinco curules (escaños) en el Senado y el mismo número en la Cámara Baja. De todos modos, el “partido guerrillero” deberá someter a sus candidatos igualmente a las elecciones.

Las Farc tendrán además apoyo económico: recibirán anualmente el 10% de lo que el gobierno destine para el fondo con el que guerrilleros tendrían las Farc actualmente. En 2002 eran 20.766. financia los partidos políticos. Este año, el fondo tenía asignados unos US$ 12 millones.

Entrega de armas

Tras la firma de la paz, las Farc se desplazarán hacia 23 zonas de concentración, lejos de los centros urbanos. Es aquí donde se verificará el cese del fuego y el desarme de la guerrilla. Este proceso podría concluir en marzo y la misión estará coordinada por la ONU.

Dentro de este punto también se estipulan las ayudas económicas que se darán a cada reinsertado. Según el texto del acuerdo final, el paquete de incentivos económicos incluye una “asignación única de normalización” de US$ 680 que se les entregará a cada guerrillero una vez que dejen las zonas de concentración. Los guerrilleros podrán acceder también a un seguro de desempleo que operará por dos años. Estos podrán recibir hasta un 90% de un sueldo mínimo mensual, que se les entregará a quienes no encuentren trabajo. El sueldo mínimo en Colombia es de US$ 210. Además, el gobierno les garantizará los pagos de sus pensiones y los seguros de salud mientras estén desempleados o estudiando. Por otro lado, los guerrilleros desmovilizados podrán contar con un incentivo de US$ 2.720 para “emprender un proyecto productivo, individual o colectivo”, según el acuerdo. Es decir, durante dos años podrían llegar a recibir hasta US$ 8.400.

Narcotráfico

Según el acuerdo, el Estado se compromete a realizar programas efectivos de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo que les permitirá a las comunidades más apartadas y pobres de Colombia sobrevivir de manera legal. Según detalla El Tiempo, el acuerdo establece beneficios judiciales para los agricultores que hayan sembrado coca o marihuana en sus tierras. El gobierno de Santos se comprometió a realizar reformas para garantizar que no sean perseguidos penalmente. Para obtener ese beneficio, el agricultor tendría dos años de plazo, desde que entre en vigor la nueva norma, para manifestar formalmente a las autoridades su decisión de renunciar a los cultivos ilegales. La guerrilla, por su parte, se compromete a poner fin a cualquier relación que tenga con los cultivos ilícitos.

la Justicia transicional

El acuerdo incluye un sistema de justicia transicional, paralelo al tradicional, que tendrá participación activa de las víctimas. Este sistema judicial tendrá cinco órganos que serán encabezados por un Tribunal para la Paz, compuesto por 20 magistrados, que tendrán la última palabra en las sanciones que recibirán los culpables de delitos graves. También se plantea crear una unidad para la búsqueda de desaparecidos.

El Tribunal de Justicia Transicional estará encargado de conducir los juicios contra los guerrilleros y contra todos los que cometieron crímenes durante el conflicto. El Estado permitirá un modelo de justicia transicional que permite penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad.

Hay dos grandes rutas establecidas en el acuerdo. Se les concederán amnistías e indultos a los responsables de rebelión, sedición y delitos conexos. En un segundo escenario están los responsables de delitos que no pueden tener amnistía. Aquí se encuentran todos los altos mandos de las Farc y decenas de miembros de ese grupo. Ellos tienen tres posibilidades. Primero, quienes acepten su responsabilidad en el conflicto y cumplan con los compromisos de verdad, reparación y no repetición, no irán a la cárcel. Sí tendrán medidas restrictivas de movilidad y derechos políticos. Las penas de libertad restringida para los máximos responsables van de 5 a 8 años. También tendrán condenas de 2 y 5 años quienes “no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos”.

Un segundo grupo podría pagar penas de entre 5 y 8 años de cárcel efectiva para quienes reconozcan su responsabilidad tardíamente. Un tercer grupo podría recibir condenas de privación de libertad de entre 15 y 20 años. Esto sería para quienes no acepten su responsabilidad en los crímenes más graves. La justicia transicional es uno de los puntos más polémicos y que cuenta con el rechazo de los ex Presidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana, que han llamado a votar “no” en el plebiscito.

Mecanismos de verificación

Con representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de las Farc se creará una “comisión de implementación, seguimiento y verificación” del acuerdo con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de lo acordado en La Habana. Crea un mecanismo, además, para que la comunidad internacional pueda contribuir de distintas maneras a garantizar la implementación.b