Modernización en financiamiento de FF.AA. Junto con el reemplazo de la ley reservada del cobre, que remueva el peso sobre Codelco, la empresa también debe abrirse a la capitalización privada.

EN LA compleja situación de Codelco se entremezclan discusiones distintas, todas relevantes y, por ende, debieran ser analizadas en su propio mérito. Desde luego, está la ley reservada del cobre, que si bien asegura que las FF.AA. mantengan una capacidad militar acorde a las necesidades del país, impone una carga significativa para la empresa estatal. A su vez, la delicada situación financiera por la que atraviesa Codelco probablemente hará necesaria algún tipo de capitalización para desarrollar nuevos proyectos, en el marco de una caída en su productividad pese a los esfuerzos por controlar sus costos. Se abre entonces una oportunidad para que, junto con diseñar un nuevo sistema de financiamiento en defensa, que remueva esta carga de Codelco, se discutan fórmulas desapasionadas que aseguren la buena gestión de la empresa estatal y su acceso a financiamiento, lo que no podría excluir algún tipo de capitalización privada.

Un mecanismo como la ley reservada del cobre ya resulta obsoleto y cabría reemplazarlo, pues no parece razonable cargar sobre las ventas de una sola empresa el deber de financiar las indispensables inversiones de las FF.AA. Transitar hacia una modalidad que financia los gastos en defensa por la vía del presupuesto nacional, con miradas de largo plazo, permite radicar en el Congreso la discusión del gasto militar. Asimismo, no hay razones de peso que justifiquen que la fuente de dichos recursos sea distinta a las rentas generales de la nación.

Si bien la eliminación de la ley reservada daría mayor flexibilidad a Codelco tal como lo planteó el presidente de su directorio, no resolvería el problema de su recurrente falta de recursos para invertir en nuevos proyectos. Sin embargo, y aun cuando en la etapa actual algún tipo de aporte del fisco se hará necesaria, las históricas reticencias de Hacienda para capitalizar la empresa parecen justificadas. No existe total claridad respecto a qué proyectos serían priorizados; también han conocido cifras que muestran que importantes divisiones de la empresa son cada vez menos productivas. En efecto, los costos en Chuquicamata se multiplicaron prácticamente por cuatro en los últimos quince años. Este incremento de costos evidentemente responde a diversos factores, entre ellos la caída en la ley del mineral; sin embargo, si se comparan yacimientos más nuevos, como Ministro Hales, igualmente muestran tasas de productividad inferiores a las del sector privado. Tampoco podría pasarse por alto que el próximo año tendrá lugar una negociación colectiva con uno de los mayores sindicatos de la empresa.

En este escenario, el Ministerio de Hacienda debe asegurarse que los recursos sean bien utilizados y no terminen en proyectos de escasa rentabilidad o sean capturados por grupos de presión sin que signifique mayores mejoras en productividad. Debe perseverar en ese objetivo, pues al asegurar una mejor gestión los fondos para capitalizar podrían ser sustancialnente menores o incluso inncesarios. Para ello sería de mucha utilidad el ingreso de capitales privados. Ello no sólo aliviaría la carga monetaria que una capitalización significaría para el Estado, sino que además entregaría una mirada externa, imparcial y más transparente respecto a la potencial rentabilidad de los proyectos que Codelco pretende llevar adelante.

A la luz de estos antecedentes, no hay razón para que el gobierno no avance de manera paralela. Por una parte, en el reemplazo de la actual ley reservada y, por otra, en estudiar el mejor modo de acompañar con capital las inversiones que requiera Codelco, sin descartarse por motivos ideológicos la entrada de capitales privados a la compañía.