Contraloría y universidades

EL CONTRALOR General de la República se sumó a los cuestionamientos al proyecto de ley de reforma a la educación superior que actualmente se discute en el Congreso. En su opinión, el proyecto terminaría por quitar controles a los recursos públicos, agregando que dichos controles también debiesen aplicarse a instituciones privadas. Si bien es destacable el celo del contralor por cautelar el buen uso de los recursos de todos los chilenos, en el caso de instituciones que no son parte del Estado dicho control no se justifica.

Los recursos que reciben las instituciones privadas son, fundamentalmente, ayudas estudiantiles para financiar el servicio educativo de aquellos alumnos elegibles para dichos beneficios. Una vez ingresados al patrimonio de la institución, la Contraloría no tiene atribuciones fiscalizadoras, pues aquellas no están dentro de los organismos que la ley le mandata fiscalizar. El caso de las universidades estatales es diferente. Estas, además de recibir recursos por becas y créditos, reciben recursos directos y otros de distinta naturaleza, por ejemplo, para incentivar el retiro de funcionarios. Es por ello que se debe cautelar que los recursos se usen conforme la legalidad vigente y en los plazos y para los fines que las leyes definan.

Existe una discusión respecto a la conveniencia de que las universidades del Estado sean tratadas por parte de la Contraloría como cualquier otro servicio público, debido a la burocracia que ello genera. Sin embargo, no es razonable extender dicha burocracia al sector privado por el solo hecho de que reciba financiamiento del Estado. De ser así, la Contraloría debiera fiscalizar a cualquier empresa privada que preste servicios al Estado lo que, evidentemente, sería un despropósito.