Casen 2015
Señor director:
En los datos entregados por la encuesta Casen, la pobreza multidimensional es la que importante, y se condice con la realidad del país. El dato más significativo es este, ya que considera educación, salud, vivienda, entorno y trabajo, y seguridad social, el cual cayó de 20,4% a 19,1%, es decir, nada. El resultado, lejos de ser celebrado, es para poner acento en el crecimiento económico. Si se hubiera crecido en promedio al 4% o 5% efectivamente se podría haber reducido la pobreza en términos significativos. Estamos creciendo a tasas de país desarrollado, siendo un país en vías de desarrolllo. Celebrar que en dos años (2013 y 2015), con la cantidad de recursos disponibles, se bajara la tasa de pobreza alrededor de 1% es mediocre.
Los que más sufren las malas políticas públicas y los malos gobiernos son los más pobres. Y considerando que el crecimiento 20162017 será más bajo en comparación con 2013-2015, es decir, próxima Casen va a ser peor.
Es impresentable que un país con el PIB per capita de Chile tenga un 20% de pobreza. Otro tema es el eterno igualitarismo; el problema es que siempre terminamos igualando para abajo y lo importante no es disminiuir las desigualdades sino, por lo contrario, subir los mínimos en ingresos, salud, pensiones, vivienda y en la medida de lo posible preocuparnos de la educación. de 2005. Sobre su indiscutible necesidad y urgencia no cabe duda: su actual texto data de 1981, cuyas disposiciones impuestas en una realidad política, económica y social en extremo irregular, no se condicen con el actual escenario nacional e internacional.
Esta urgente reforma debe abordarse en el marco de una grave crisis de disponibilidad de agua derivada de los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias no se prevé mejoren sino, por el contrario, puedan agravarse. Otro factor que no puede ignorarse es que su discusión tiene lugar en medio de campañas electorales, escenarios que no son los más ideales para un debate responsable y bien fundado.
Tratando de hacer abstracción del último condicionante, una reforma debiera incluir no sólo la normativa del Código de Aguas sino también de la Constitución y otros cuerpos legales vigentes muy vinculados a este recurso (Código de Minería y aguas del minero; reglamento sobre concesiones marítimas y permisos para extracción de agua de mar) y otros en trámite legislativo (proyectos sobre glaciares, creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, otro de cuencas hidrográficas y el de Subsecretaría de Aguas).
Sólo considerando estos marcos regulatorios y sus implicancias sociales, económicas y ambientales, se debiera lograr un efectivo reconocimiento constitucional de la calidad de bien nacional de uso público del agua. Tendría que garantizarse su acceso como derecho humano básico, las modalidades para su uso y tratamiento para derechos concedidos, y nuevas condiciones para futuras asignaciones, además de fortalecer la institucionalidad para la coordinación de los 43 organismos con competencias
sobre agua.